Estampas de un régimen

Prosiguiendo nuestra labor crítico-expositiva que nos propusimos al iniciar nuestra actuación en estas columnas, se ofrece a nuestro comentario un hecho tan significativo como el que en el número anterior glosábamos, al mismo respecto que aquél.

Y es también de América de donde nos viene la noticia que, si un poco atrasada de fecha, resulta en las circunstancias actuales bastante interesante recordar.

El Parlamento de una república hispanoamericana, considerando poco defendido penalmente, contra los violentos ataques de la Prensa, el respeto debido al jefe del Estado, legisló (por propia iniciativa) en el sentido de castigar severamente aquéllos. Llegada la ley, para su sanción, al Presidente de la República, éste (que, por cierto, había sido víctima de aquellas violencias periodísticas) opuso el veto, alegando consideraciones que pueden sintetizarse en estas líneas:

«Eficaz garantía de los derechos del ciudadano e imperioso deber del Poder público en todo Estado democrático, es respetar la libre emisión del pensamiento, aunque se haga uso de esta facultad para censurar, con más o menos viveza, los actos de las autoridades. El mejor escudo de éstas es el buen ejercicio de sus funciones; y el juicio de las personas sensatas, así como el fallo de la Historia, se encargarán de hacer justicia, premiando con el elogio y castigando con el desprecio a quienes respectivamente lo merezcan».

Actitud más liberal no creemos que pueda caber en ningún otro gobernante. ¡Y esto, señores parlamentaristas, no es caudillismo ni cosa parecida!

¿Cuál es, lector imparcial, el juicio que puede merecernos un régimen que a tales actitudes conduce?

Y si alguien, más malicioso que bien informado, creyera que en las resoluciones de la Cámara pudo pesar el veto puesto por el Presidente como tal, sepa él y cuantos lo ignorasen, que el llamado veto es sólo suspensivo, nunca decisivo ni derogatorio, pues que a esta facultad contrapónese el deber de aplicar la ley suspendida sin excusa ni pretexto, cuando la Cámara, tras de oír las alegaciones presidenciales acuerda, no obstante, su ratificación.

De lo cual resulta:

I.º Que no siendo el veto sino suspensivo, la soberanía del Parlamento no se merma en modo alguno.

2.º Que el Parlamento es advertido de sus errores por quien estando más que él en la realidad la conoce mejor; y

3.º Que la ley, elaborada en forma democrática, puede aplicarse eficazmente.

No es, pues, el Parlamento en el régimen presidencial, como equivocada o maliciosamente parece darse a entender, una mera Asamblea consultiva, sino representación legisladora del pueblo mismo cuya soberanía representa, ni es tampoco el Jefe del Poder ejecutivo mero instrumento de una Cámara o sujeto irresponsable e intangible de nula actuación y valor puramente decorativo.

Como se ve, el sistema ofrece, junto a las ventajas de una acción eficaz, todas las garantías democráticas de la elección popular (para todos los Poderes), el referendum para las cuestiones de importancia, el recall (1), arma eficaz y segura contra la infidelidad de los funcionarios, y la iniciativa de proposición de cuantas mejoras se juzguen beneficiosas para el país.

Por eso, convencidos, no ya sólo de su superioridad sobre otros, sino de su excelencia intrínseca, propugnamos y propugnaremos por su difusión en España.

Jerónimo Martínez Doggio

«El Presidencialista», nº 2 (febrero de 1928)

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[1] Se trata de la revocación, mecanismo propio de los regímenes presidencialistas, que permite la destitución de un funcionario mediante consulta electoral.

~ por eldoctorhache en Lunes 20 Noviembre 2006.