La legalidad

La legalidad

Artículo publicado por Luis Hernández Alfonso el 26 de enero de 1931 en el diario madrileño «La Tierra».

Frecuentemente hablamos de legalidad. Izquierdas y derechas, pueblos y gobiernos invocan a esa deidad ignota y multiforme. Y el hecho de que se la invoque por tirios y troyanos es prueba indudable de su veleidad, o mejor dicho, de su inexistencia como realidad objetiva. Legalidad no es, ciertamente, lo que por etimología significa, puesto que pueden calificarse de ilegales muchas disposiciones que reúnen los requisitos formales de leyes.

Hablar de legalidad no es referirse a un estado de hecho aun cuando esté constituido y determinado por normas de práctica jurídica. La ley, para ser respetable, ha de ser justa y la noción de justicia no puede, por ende, brotar de la ley, sino a la inversa. Es justo lo que responde al sentimiento de equidad en tiempo y lugar determinado. Por eso el pueblo no respeta como justo lo que, a pesar de ceñirse a leyes, constituye un atentado a su sensibilidad de justicia.

Varían las circunstancias de vida social y con ello cambian de base los problemas. A cada época, a cada país corresponde un mínimum de necesidad jurídica. Intentar perpetuar la ley es igual que pretender que un hombre use toda la vida las ropas que le pusieron al nacer. No puede la evolución humana detenerse ante normas que, producto de circunstancias concretas, se establecieron a posteriori y vistas las exigencias del momento; sería ridículo sostener que la humanidad no puede ser libre por la preexistencia de leyes consagradoras de la esclavitud.

Los códigos son válidos, mientras su aplicación sincera garantiza o defiende la existencia física y moral de la colectividad que los dictó, sin que ninguno de sus componentes individuales sea excepción en tales defensa y garantía. La legalidad no es algo independiente de la vida de los pueblos, y si éstos la rechazan, pierde su requisito indispensable, se convierte en perturbadora, como todo cuanto no cumple el fin para que fue creado. Buena prueba de ello es que muchas leyes no abolidas formalmente, lo han sido en la realidad, por desuso.

Las constituciones no escapan a esta evolución natural. Si un país no ve en su código político escrito la expresión de su genuina voluntad, es grotesco pretender que prevalezca la ley contra el deseo de quienes en uso de su soberanía no la admiten ya sino que la han tácitamente derogado. Una revolución es la derogación violenta de un código que ha pasado de protector de la colectividad entera a beneficiador de una persona o de una clase, detentadoras en propio y exclusivo provecho de aquella soberanía en cuyo nombre maniobran y tiranizan.

No se condena a un delincuente por infringir una ley, sino por atentar contra la sociedad, la cual ha hecho cristalizar en ley su defensa frente a las infracciones. Es evidente: la causa de que se castigue a un asesino no es que un artículo legal prohíba el asesinato, es que la sociedad se siente atacada y, mediante la ley, se defiende y previene. Luego la ley es un efecto de esa necesidad de protección. «No hay ningún crimen, ninguna pena sin ley»; pero histórica y racionalmente, no hay ninguna ley sin la previa existencia o posibilidad del crimen y necesidad de la pena como defensa contra él.

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~ por rennichi59 en Martes 3 abril 2007.

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