Belismos interjurídicos y cuasijurídicos

El presente artículo de Luis Hernández Rico se publicó en la madrileña «Revista General de Legislación y Jurisprudencia» en abril de 1928 (tomo 152, págs. 456-479). Debemos su localización al competente personal del archivo y biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, encabezado por su amable directora Dª Carmen Crespo, a quien va toda nuestra gratitud.

Las notas cuyo texto va entre [corchetes], son nuestras.

BELISMOS INTERJURÍDICOS Y CUASIJURÍDICOS

I

Antecedentes

1. Referencia a un trabajo anterior

En el número de la «Revista General de Legislación y Jurisprudencia» correspondiente a Octubre de 1925 publiqué un artículo titulado Concepción belicista del Derecho, en el cual expuse los fundamentos y puntos capitales de una teoría jurídica que es parte de mi total sistema filosófico.

Allí pueden ver mis lectores los antecedentes de la doctrina contenida en el trabajo actual. De ellos me limito aquí a recordar los siguientes:

1º Las dos leyes cósmicas en que apoyo mi explicación del Universo: la del combate y la del equilibrio creciente. Aquél impulsa toda evolución, y éste, que resulta del anterior, mitiga sus rigores, disminuye los exterminios perjudiciales o inútiles y atenúa la dominación, estableciendo mutuas adaptaciones de los idóneos, que van nivelándose.

2º Y estas definiciones, no formuladas a priori, sino después de examinar el carácter bélico de las relaciones universales, particularmente de las interhumanas, y como consecuencia de tal examen.

El Derecho, considerado en su conjunto o totalmente, es «la ordenación eficazmente coactiva de las relaciones sociales». «Consiste su fase objetiva en la norma (legal o consuetudinaria, oral o escrita) expresiva de ese ordenamiento, en el que se traduce el estado (local y temporal) de equilibrio de las energías sociales antagónicas. Componen su aspecto subjetivo, en la esfera positiva, las facultades de hacer, abstenerse o exigir, reconocidas por la norma, y se confunde, en el orden constituyente, con las pretensiones de quienes pelean».

Quizá estos antecedentes, aun sin consultar los demás aludidos, basten como preparación y guía para la lectura del presente estudio, indicando la orientación y finalidad del mismo.

2. Noción de lo interjurídico

En su más amplia y menos propia acepción, el belismo (fenomenismo bélico) interjurídico comprendería todos los fenómenos del Derecho, pues ninguno deja de implicar algún choque de pretensiones o conflicto de normas (fase subjetiva y objetiva, respectivamente).

Pero esto equivale a identificar con lo interjurídico la totalidad de lo jurídico, y ello nos aconseja reducir la primera de tales nociones si hemos de atribuirle objeto peculiar y carácter distintivo.

En otro sentido de menor amplitud cabría aún calificar de interjurídicas las contiendas entre los distintos derechos formales (consuetudinario y oficial, legal y gubernativo) y entre los varios materiales (público y privado, constitucional y administrativo, etc.).

Sin embargo, tampoco les es aplicable con propiedad estricta tal calificación, porque esas diferencias de forma o de fondo no significan diversas regulaciones simultáneas de unas mismas relaciones sociales, sino que reflejan el concurso de elementos y agentes antagónicos en la común obra de ordenarlos coactivamente, y son meras partes de la expresión o del contenido de un solo ordenamiento.

Luchando sin cesar, sucumbiendo algunos en la pelea y equilibrándose de día en día los sobrevivientes, aquellos factores, en su pugna constante para lograr el dominio absoluto o la mayor preponderancia posible, se suplen y completan recíprocamente, cuando no se absorben y excluyen unos a otros, e integran siempre un conjunto de normas, cada vez más sistemático, cuya unidad total no rompen divergencias transitorias o de detalle como las representadas por el reglamento de urgencia y la costumbre contra ley, ya que éstos suspenden o impiden la vigencia de los preceptos que contrarían. Por lo tanto, dicho sistema nórmico (regulador único de un orden de hechos e instituciones que organiza o contribuye a organizar por y con esa misma regulación) constituye un solo Derecho, que se divide, formal o materialmente, en los aludidos particulares, sin que signifique pluralidad de cualquiera de ellos el tener, al lado del ordenamiento común de su objeto, otro u otros especiales, justificados por la especialidad de las circunstancias que los determinan e imponen y contenidos en ciertos límites.

Ahora bien: ese Derecho positivo (elaborado y desenvuelto, como hemos visto, mediante luchas anteriores y coetáneas, externas e internas, respecto de él) difiere, desde luego, en cada Estado; y aun dentro de éste, habiendo modos o grados varios de dominación, puede y ha solido también diferir para cada uno de ellos.

En ambos casos hay, pues, diferentes Derechos, que teniendo cada uno su variedad y antagonismos interiores, y rigiendo simultáneamente los mismos fenómenos sociales, se disputan la ordenación de alguno de éstos, el cual puede estimarse que esté sometido por consideraciones personales o territoriales a dos o más de aquéllos.

Aquí es donde se realiza, además del belismo antes mencionado y complicándose con él no poco, el propiamente interjurídico, a cuyo breve examen dedico este trabajo.

3. Su variedad

Lo interjurídico presenta no pocos grados y matices, desde la pluralidad de fueros dentro de un Estado hasta las relaciones internacionales, de índole privada, que lindan y tienen estrecha conexión con lo cuasijurídico interestatal.

Esta variedad puede encerrarse primeramente en dos grandes clases, que desde luego señalo, correspondientes a los órdenes interno y externo, cuyos subgrupos iremos distinguiendo en el curso de nuestra exposición.

4. Indicación de lo cuasijurídico

En el citado artículo mencionaba también lo cuasi o semijurídico (que, como indican estos nombres, no tiene todos los requisitos peculiares del Derecho). Ejemplo: para las relaciones interestatales hay coacción eficaz, pero desordenada, en la guerra, o con menor eficacia que orden y con deficiencia en ambos durante la paz.

5. Carácter de las distinciones

Ahora bien; las distinciones expresadas y aludidas son menos fáciles de establecer concretamente que en abstracto. En esta materia dista mucho de desaparecer y aun de atenuarse el obstáculo que la general mezcla y parciales confusiones de las cosas oponen a que se califiquen y clasifiquen con exactitud, impidiendo señalar tipos puros de cada especie. No se extrañe, pues, el carácter quizá muy relativo que tengan las calificaciones y clasificaciones que haga y los ejemplos que cite en este trabajo.

II

Lo interjurídico interno

1. Indicación general de este orden

Comencemos por examinar el belismo interjurídico interno, es decir, aquel que se realiza dentro de un Estado y sólo entre súbditos suyos.

No lo busquemos allí donde haya un solo ordenamiento coactivo que reserve todas las atribuciones para los fuertes, negándolas a los débiles (como se les negaba a los sudras, tchandalas o parias y pouliahs en la India; a los paraskitas en Egipto; a los ilotas, objeto de la feroz criptia o caza de hombres en Esparta y a los esclavos en general, con alguna honrosa excepción, como en el pueblo hebreo). Careciendo esos y otros despreciados u oprimidos de fuero propio en que ampararse, oponiéndolo al de sus opresores, único vigente, no había ni eran posibles en las relaciones entre ambas partes conflictos interjurídicos.

Sólo puede haberlos, y efectivamente los hay, en las relaciones entre los súbditos de un Estado dentro de éste, cuando cada elemento de alguna de ellas está sometido a uno de dos o más Derechos que rijan simultáneamente en aquél, porque surge entonces cuestión sobre la norma aplicable al caso (conflicto de leyes amplio sensu) o la autoridad competente para entender en él (conflicto de jurisdicciones) o ambas cosas al mismo tiempo.

2. Orígenes y formas de las pluralidades nórmica y jurisdiccional

Tal pluralidad de ordenaciones, siempre determinada por el desarrollo de la lucha, presenta las formas y obedece a las causas que siguen:

A. En consideración a las personas: por su procedencia, categoría u otra cualidad semejante, sin basarse en divisiones geográficas.

Esta modalidad tiene dos orígenes:

1º Establecimiento por los Poderes públicos de regulaciones diferentes, en las cuales se reparten las atribuciones entre los grupos integrantes de la sociedad proporcionalmente al grado de su respectivo poder y privando de ellas, como antes he indicado, a quien nada puede.

Así se formaron el régimen de castas y el de clases: ofreciendo Roma un curioso ejemplo de este último en el antagonismo de patricios y plebeyos, con las diferencias entre leyes y plebiscitos, entre comicios por curias, por centurias y por tribus y entre magistraturas aristocráticas y democráticas. Por eso el historiador Duruy, exministro francés, ha podido escribir que, antes de igualarse políticamente la plebe con el patriciado, aquella ciudad encerraba en el tiempo de los Reyes «dos pueblos absolutamente extraños uno al otro; la República hizo de estos dos pueblos dos órdenes de un mismo Estado, pero profundamente distintos» (1). Pero [no] siempre resalta con tanta claridad lo interjurídico de esta especie, en medio de la general diferenciación jurídica, de la que suele ser fase o episodio.

2º Respeto por los dominadores de ordenaciones propias de los dominados, no refiriéndolas a determinadas localidades. Es el criterio personalista sobre leyes y jurisdicciones total y parcialmente aplicado por los bárbaros que destruyeron el imperio de Occidente, así como, durante la reconquista española, en las relaciones entre cristianos, musulmanes y hebreos. Corresponde a períodos de la evolución jurídica, en los cuales el grado de equilibrio social ya no permite establecer el anterior régimen.

B. Por los territorios

Otra forma de pluralidad consiste en la simultánea vigencia de distintos Derechos en diversas porciones del territorio de un Estado. Resulta de adoptar cualquiera de las dos medidas antes mencionadas, según necesidades o conveniencias de la lucha e imposiciones de la fuerza: 1º, en las discordias intestinas que producen respeto, modificación u otorgamiento de fueros locales diferentes, y 2º, en las guerras exteriores que, originando conquistas o colonizaciones, exigen ordenar jurídicamente, de manera especial, los países conquistados o las colonias establecidas.

Numerosos ejemplos de todo ello suministra la fecunda cuanto variada labor jurídica de Roma, al dejar subsistentes en algunas localidades sometidas la totalidad o parte de su respectiva legislación; y al elaborar, para los súbditos de provincias no ciudadanos total ni parcialmente, un jus gentium paralelo al jus quiritum. Esto, además de la desigual adjudicación de sus jura, geográficamente hecha en sus vastos dominios (Derecho romano, latino, etc.). No abundan menos en la normogénesis medieval, con su diversa multitud de regulaciones forales.

C. Diferencias cuantitativas y cualitativas

Dentro de las generales relatividad e imprecisión antes aludidas cabe distinguir en las dos formas precedentes, entre diferencias de cantidad y de calidad. Esta distinción importa más para el fenomenismo bélico de que se trata en las dos modalidades personales, dominando lo cuantitativo en la primera y lo cualitativo en la segunda. En las territoriales, ambos aspectos llegan a quedar absorbidos por el carácter e interés de localidad.

3. Proceso de este belismo

Ya he indicado que lo peculiar del belismo interjurídico se reduce a escoger la norma aplicable y, en su caso, la jurisdicción competente en las relaciones cuyos términos están sometidos a dos o más (incompatibles) de cada una de aquéllas. Hecho o descartado tal escogimiento, las cuestiones que lo exigían para que se determinaran de qué modo y por quién habían de ser resueltas, quedan como simplemente jurídicas.

A. Sus elementos y factores

En el fenomenismo que ahora nos ocupa, junto con su fase objetiva, consistente en el señalamiento de normas y de jurisdicciones, está lo subjetivo, representado por las facultades de exigir e imponer aquél.
Actúan aquí como contendientes: 1º, los Poderes públicos o fuerzas sociales a cuyos antagonismos se debe, dentro del Estado, la pluralidad jurídica de que se trata, y 2º, la voluntad individual de los súbditos interesados en sentido mutuamente contrario.
Su actuación varía según las combinaciones de los elementos antes mencionados (formas personales y territoriales, cantidad y cualidad) con estos otros: lo estático y lo dinámico en el belismo; es decir, el choque de pretensiones en cada caso, dentro del orden establecido, y la pelea para modificar éste.

B. Su desarrollo en lo personal y en lo territorial

Veamos lo que ocurre en las distintas modalidades de este proceso:

a) Formas personales

En lo cuantitativo tienden a mejorar, el inferior; a aumentar su ventaja, el superior, y, entre tanto, cuida cada uno de mantener la respectiva posición e imponerse desde ella al contrario. Las diferencias se han ido borrando en el curso de la unificación formal de fueros (nórmicos y jurisdiccionales) que ha acompañado al igualamiento material ante la ley.
En lo cualitativo fueron quedando eliminadas porciones de los elementos antagónicos, equilibrándose las restantes (local y temporalmente) en la formación de nuevos sistemas. Ejemplos: el influjo de la obra de los pretores, de los jurisconsultos y del Cristianismo, rectificando el jus quiritum en el Derecho del Imperio, especialmente en el justinianeo; el concurso del mismo, del germánico y de otros precedentes, en la elaboración de los nacionales europeos. También ha sucedido algo de esto al encontrarse ordenaciones tan contrarias como las de cristianos, musulmanes y hebreos; y, si profundas divergencias religiosas y culturales todavía oponen grandes obstáculos al progreso de esta materia, es de esperar que aquéllos se allanen por la nivelación de civilizaciones y desaparezca[n] por la destrucción de fanatismos.

b) Formas territoriales

En éstas un patriotismo chico, demasiado estrecho, y una concepción estacionaria, si no retrógrada, de la Historia, engendran ciertos criterio e interés localistas que reclaman el sostenimiento de legislaciones forales, sobreponiéndose a la consideración de diferencias cuantitativas y cualitativas que llegan a parecer olvidadas.

Combaten aquí el nacionalismo y el localismo, siendo muy raro que las personas interesadas adopten actitudes independientes de ambos. El triunfo de uno u otro no es ni podía ser indiferente al general progreso jurídico, que, muy al contrario, exige e impone el que es parte integrante del suyo. Y he aquí la determinación natural, el encadenamiento lógico de los hechos.

Formadas por aquél las naciones modernas, el primero de los factores dichos triunfó desde luego en lo político, extendiéndose su victoria, por íntimo enlace de todas las ramas del Derecho, a las demás del considerado hasta hoy como público y a una parte (cada vez mayor) del tenido por privado, cuya absorción por el otro va en aumento. Refugiado en algunas secciones del civil el segundo factor, resiste en ellas todavía, aunque bastante estacionado por haber sido cegadas las principales fuentes de su producción; pero también allí será necesariamente vencido por la estatalización resultante de aquella marcha absorbente.

Completarán entonces su unidad jurídica las naciones que la tuvieran incompleta, y no la menoscabarán, ni ella, por su parte, ha de impedir ni dificultar las autonomías locales que se establezcan dentro de los límites impuestos por la constitución orgánica del Estado.

4. Pugna de criterios

A. Razón del plan

Hasta ahora, en lo interjurídico intraestatal, he considerado principalmente, si no de manera exclusiva, el combate de la unidad contra la variedad de normas y jurisdicciones; fenómeno de interés dominante en este orden porque, triunfando la primera, cesarán los conflictos de que se trata, y hemos visto ya que ese triunfo aquí es más que posible, siendo exigido por la comunidad de soberanía, que seguramente llegará a imponerlo.

Pero hay, además de estas contiendas, las de los diferentes criterios (doctrinales o positivos, consuetudinarios u oficiales) que se disputan la designación en cada caso; disputa de importancia capitalísima en lo internacional (donde es muy difícil, si no imposible, que desaparezcan totalmente las dos aludidas pluralidades) y que también afecta al orden interno mientras en él subsista cualquiera de ellas.

Por eso voy a decir algo sobre el particular, como complemento del anterior estudio y preparación de los que seguirán.

B. Examen de esta contienda en lo intraestatal

Recordando algunas de las cosas dichas y añadiendo otras, notamos que, en lo intraestatal, esta segunda fase del problema se simplifica mucho porque el soberano común (y de ordinario legislador único actual) evita conflictos o facilita su solución por estos medios: 1º, unificando jurisdicciones en este respecto; 2º, restringiendo a la esfera privada el objeto de los derechos particulares en cuestión; 3º, declarando como supletorio de éstos el establecido para la generalidad del país; 4º, dictando reglas obligatorias para resolver las colisiones nómicas, y 5º, haciendo ejecutar las resoluciones motivadas por éstas.

Las cuales, descartada la diversidad de formas en lo personal, sólo se refieren a las locales, y en ellas el fondo del problema se reduce a la pugna de los criterios extraterritorialistas con el de estricta territorialidad, o sea el choque de los esfuerzos encaminados a extender la vigencia de las leyes de un territorio en otros, contra la resistencia que a ello oponen las vigentes en éstos.

Luchan por el extraterritorialismo las personas individuales y colectivas, quienes invocando las fuerzas de la naturaleza humana aspiran a poder elegir libremente, para cada relación jurídica, la norma que mejor les parezca. Es la autonomía de la voluntad, respetada en la contractual (parcialmente, al menos).

Suelen determinar a la voluntad en este punto, como tengo indicado, sentimientos patrióticos (nacionalista o localista) que en el belismo psíquico llegan a sobreponerse a los demás, inclinando al interesado a optar por la ley de la patria de sus ascendientes o de la natural suya (lugar del nacimiento) o de la adoptada mediante naturalización, vecindad o domicilio; opción que resulta, a su vez, del encuentro de estos patriotismos.

Con referirse al estatuto personal, no es la persona el único factor que actúa en la contienda para designarlo. El régimen de la familia (institución que es curioso campo de fenómenos bélicos) impone a la mujer casada la ley del marido y al hijo no emancipado el jus sanguinis contra el jus soli, y los Gobiernos nacional y locales utilizan estos dos motivos para extender allende sus fronteras el imperio de la respectiva legislación. No obstante pueden, esposa e hijos independizados, optar por la que más les plazca, y cualquier sujeto sui juris adoptar, de modo general constante, la del sitio que quiera, naturalizándose, avecindándose o domiciliándose en él.

Contra estas facultades de la persona, favorables a la extraterritorialidad, el intraterritorialismo domina, merced a la fórmula (de origen consuetudinario) locus regit actu, en el estatuto mixto, mientras que al real suele disputarle también el personal la regulación de los bienes muebles.

El soberano común, para fomentar las relaciones entre todos sus súbditos, admite circunstancial y parcialmente, combinándolos, esos varios criterios, aunque perjudiquen el vigor de los preceptos que establece para la mayoría del país. Sin embargo, su interés y aspiración superiores le elevan gradualmente a unificar el Derecho, bajo el concepto de que se trata, lo cual en un Estado unitario no requiere pactar con los territorios federales ni es materia constitucional, sino simplemente legislativa.

Ahora bien: dicha unificación formal no ha de impedir cierto equilibrio material o de fondo resultante de aceptar e incluir en las normas comunes cuanto haya de aceptable en las locales.

5. Lo interjurídico en el Estado federal

En las federaciones a los anteriores belismos interjurídicos se añaden estos dos peculiares de ellas: el intercantonal y el fedocantonal, que tienen por objeto, respectivamente, escoger la ley aplicable a una relación jurídica entre distintas cantonales o entre éstas y la federal, reguladora de los términos de aquélla. No los refiere al escogimiento de la jurisdicción competente en dichos casos porque ya todos o casi todos los Estados federativos la encomiendan a Jueces y Tribunales de esta índole.

Por otro lado, las contiendas entre cantones o entre éstos y la federación, dirimibles según normas y por autoridades de la misma comunes a ambas partes, son jurídicas sencillamente.

El belismo a que aludo ahora se asemeja al interjurídico interno y como él tiende a desaparecer al paso que disminuye la diversidad nórmica que lo origina. A su vez tal disminución obedece: en el fondo, a que van borrándose las diferencias sociolocales determinantes de aquella variedad, y en la forma, al progreso unificador de los organismos estatales.

Ambos hechos han sido estudiados por mí detenidamente en Concepción belicista del Estado (2).

III

Lo interjurídico externo

1. Lo internacional y lo interestatal

Cuando los términos (sujetos y objeto) de una relación o el hecho que la engendra están sometidos a soberanías diferentes, se produce el belismo jurídico que los tratadistas califican de internacional privado.

Me parece impropio este último calificativo, porque: 1º, no es aplicable a toda la materia de que se trata (ejemplo: a los derechos políticos de los extranjeros), y 2º, no carecen de naturaleza e interés público cuestiones que (por los estatutarios y otros autores, desde los glosadores y comentaristas medievales del derecho justinianeo) vienen siendo consideradas como conflictos de estatutos o leyes, que también lo son de jurisdicciones, y que pueden causar, como causan a veces, choques de soberanías.

Esto sin contar con lo transitorio de la actual diferencia entre lo privado y lo público.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que aquí el choque es motivado por la diversa nacionalidad (considerada ahora como vínculo que une al súbdito con el Estado) de elementos que se relacionan jurídicamente, puede llamársele internacional sólo, adjetivando interestatal al público, por ser Estados los sujetos de las relaciones en que se ocupa.

Adopto desde luego estas denominaciones.

2. Condición y origen de la lucha en el primero de estos órdenes

La reseña histórica del fenomenismo a que ahora aludo tropieza con la dificultad de descubrir, en épocas pasadas, la verdadera extranjería.

En los Estados de la antigüedad había súbditos no ciudadanos o de ciudadanía incompleta que formaban las castas y clases inferiores e intermedias que he mencionado en números precedentes. Allí, en las comunes sujeción al soberano del territorio y privación total o parcial de derechos, se confundían o mezclaban con gentes sometidas en conquistas e invasiones, hombres libres que procedían de Estados independientes y residían sin apoyo de éstos en aquel lugar. De una mezcla, primero, y confusión, después, de este género, resultó la plebe romana.

Inútil buscar en tal situación al sujeto de las relaciones internacionales, ni, por consiguiente, estas mismas.

Tampoco las encontraremos donde, reconocida la personalidad jurídica del extranjero, sean sometidos sus actos a normas y jurisdicciones especiales, establecidas exclusivamente por el Estado en que resida, sin admitir ordenación alguna extraña a él. En este caso, del cual hay ejemplos también en el antiguo Oriente y en Grecia, lo interjurídico realizable será interno, porque la especialidad del régimen a que se le sujeta no significa que deje de ser súbdito del soberano que lo impone.

Modos son éstos del sistema de intraterritorialidad exclusiva o soberanía absoluta, propias de época y reorganización de los Estados políticos y conformes con las pretensiones de dominación universal de los imperios en aquellos tiempos. Roma, que amplió su idea del jus gentium, definiéndole quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, se erigía en único intérprete de esta razón natural, reservándose la facultad de establecer aquel Derecho de las gentes, es decir, mundial.

La primera de aquellas modalidades (la de privación de derechos) responde al odio de las gentes de fuera; sentimiento dominante en las sociedades recién constituidas y consagrado solemnemente en Códigos tan célebres como éstos: el de Manú, que coloca a los meltchas por bajo, no sólo de los sucras y los parias, sino de los elefantes y los caballos, y el de las Doce Tablas, que designa al extranjero y al enemigo con el nombre común de hostes, autorizándolo todo contra ellos.

Sin embargo, con tales rigores de la ley contrastaba notablemente la costumbre de la hospitalidad, muy extendida en todas partes (incluso en India y Roma), y que era, acaso, resto de una primitiva actitud de grupos humanos en formación, a quienes pudo convenir para aumentar el contingente de sus individuos y sus fuerzas la admisión de personas extrañas.

A la atenuación de aquellas severidades legales contribuyeron indudablemente otros motivos históricos de conveniencia y de necesidad, como los siguientes: mezcla étnica de los pueblos, intereses del fisco, de la agricultura e industria de los países, utilidad del acrecentamiento de su respectiva población, beneficio para dos o más de ellos de su comercio mutuo, ventajas seguras de reciprocidades concertadas, las probables de una comitas gentium también recíproca, y, sobre todo, la creciente ponderación de fuerzas estatales. Ella, junto con obstáculos naturales (como el océano, los desiertos, etc.), impidió al Imperio romano dominar todo el mundo, marcando a su poder el límite oriental de la resistencia persa y el septentrional de la germana, que, al fin, no pudo contener en Occidente.

Del encuentro de tantas y tan opuestas causas resultaron:

1º La adopción, por los Estados, de las otras modalidades aludidas; concesión parcial o especial de derechos a los extranjeros, y nombramiento, para su protección, de funcionarios oficiales u oficialmente reconocidos, como los metecofilacios y proxenos en Atenas.

2º La aplicación de sus propias leyes a los extranjeros, residentes o transeúntes en un Estado, con o sin reconocimiento de la competencia de sus autoridades y Tribunales. Así procedieron los faraones (sobre todo desde Psamético, siete siglos antes de Jesucristo) cuando quisieron favorecer la inmigración en Egipto.
Bien se ve que, a semejanza de lo que sucede en el orden interno, solamente el último de dichos resultados hace posibles los conflictos internacionales (en el sentido que doy a esta palabra, según expliqué antes), al relacionarse en un Estado regnícolas con extranjeros, o, entre sí, súbditos de soberanías diferentes.

3. Su desenvolvimiento

No hubo retroceso ni siquiera estacionamiento durante la Edad Media, sino renovación preparatoria del advenimiento de la Moderna.
En los primeros siglos de aquélla, las circunstancias no favorecieron más que en los anteriores el desarrollo de lo jurídico internacional, porque la guerra fue el medio casi único de relacionarse entre sí los distintos pueblos (germanos, eslavos, árabes, etc.) que invadieron el Imperio romano de Occidente, parte del bizantino y tierras extrañas a ambos; sufriendo muchas alteraciones por los frecuentes cambios de dominación, el reparto violentamente hecho de tan vastos solares para adueñarse de sus trozos y, sobre ellos, construir o reconstruir Estados los invasores.
Las relaciones de éstos (como vencedores o como tolerados) con los naturales del país invadido, comenzaron siendo interjurídicas, allí donde se ajustaron al sistema de personalidad de las leyes, que ordinariamente se aplicaba mediante la professio legis, pero no eran internacionales, sino internas, por estar sometidos todos sus elementos a una sola soberanía. Muchas se hicieron meramente jurídicas, al fundirse en Códigos comunes las diversas legislaciones.
Lo interjurídico exterior surge o se acentúa después, cuando las nuevas entidades políticas se concretan y estabilizan, merced a la actuación y bajo las formas, principalmente de dos factores e instituciones antagónicos: 1º, el feudalismo que extiende por el campo, arraigándola fuertemente al suelo que cultiva, una población antes flotante o acumulada, en los antiguos centros urbanos; 2º, la ciudad libre, que alberga a comerciantes e industriales y acoge a quienes evitan o dejan el yugo feudal.
Entonces, la multitud de Estados independientes y de fracciones suyas, más o menos autónomas, distribuyeron a los súbditos entre no pocas jurisdicciones soberanas o semisoberanas, multiplicando los grupos de extranjeros y el número de distintos ordenamientos locales.
Exclusivismos de aquellas organizaciones exigían imperiosamente la aplicación del intraterritorialismo; mientras que el aumento de las relaciones sociales (especialmente mercantiles), por causas harto conocidas, y la necesidad de garantir los derechos privados, reclamaban con no menor imperio, adoptar criterios extraterritorialistas. Y para esta adopción, no pareciendo ya bastante fundamento las razones políticas de las comitas gentium y la reciprocidad, se acudió al recurso de los Estatutos, uno de los cuales, el personal, atribuía al extranjero una ley propia, que a todas partes le acompaña, regulando ciertos aspectos de sus relaciones donde quiera que ellas se entablen.

Califícase este criterio de civilmente jurídico, porque atiende, según parece, al derecho del individuo; pero téngase en cuenta, como ya advertí, que (siendo dicha ley la nacional del extranjero, es decir, la del Estado a que pertenece) tal atribución, no menos significa prolongación de una soberanía fuera de su territorio, que reconocimiento de facultades individuales.

Entre tanto, el unificador y absorbente esfuerzo de los Reyes, combatiendo la aludida obra de fraccionamiento y descentralización del poder público, iba formando los futuros Estados nacionales, con elaboración de normas y jurisdicciones comunes en cada uno de ellos.

Su completa constitución, bajo Monarquías absolutas, en la Edad Moderna, distinguió mejor lo jurídico externo de lo interno, precisó más la cualidad de extranjería y extremó, en las exageraciones de la escuela holandesa, la doctrina realista o de la intraterritorialidad.

Al mismo tiempo recibía su contraria el eficaz apoyo de una corriente personalista que proclamó (con Dumoulin, estatutario francés del siglo XVI) (3) la autonomía de la voluntad.

Este criterio (cuyos verdaderos significado teórico y alcance práctico, ya conocidos, no permiten al individuo prescindir anárquicamente de toda norma establecida), ni evita ni suprime las colisiones entre leyes que, en lo político, tienen siempre una propia esfera geográfica de vigencia. Sin que faculte al arbitrio individual para derogar o establecer derechos positivos, autoriza que escojan, entre varios de ellos, el que ha de regir en cada caso.

Así, con la cuestión legal y doctrinal sobre el fundamento de la extraterritorialidad, se enlazan estrechamente las relativas al autor y al modo de su ordenamiento.

En los sistemas llamados políticos (comitas gentium, reciprocidad, etc.), la necesidad o la conveniencia justifican aquella medida, y los Estados a quienes afecta, la regulan según su voluntad, condicionada por las circunstancias, de cuyo choque depende allí todo.

Los estatutarios la fundamentan y regulan, atendiendo a lo que consideran exigencias naturales de las relaciones o de sus elementos y límites justos de la acción estatal; pero las legislaciones reflejan la discrepancia de pareceres, al señalar el respectivo objeto de los Estatutos, como he indicado en el capítulo anterior. Por otra parte, el personal y su extrema derivación, la autonomía de la voluntad, tropieza a menudo con la oposición o imposición de otros de su clase iguales o superiores a ellos en grado de respetabilidad, siendo ejemplo elocuente y constante de ambos supuestos, el de las relaciones de familia (conyugales y paterno-filiales), también citado allí.

Tampoco falta divergencia en las opiniones y preceptos que encomiendan al Juez la elección o el suplemento de la norma aplicable al litigio internacional. Aquí figuran las teorías de Schaeffner y de Waechter (lex fori).

Esto nos conduce lógicamente a decir algo, muy poco, tocante al aspecto jurisdiccional del asunto; aspecto que, más bien, pertenece a la esfera interestatal.

Coinciden autores y Estados en afirmar la competencia de los Tribunales de éstos y el empleo de sus procedimientos en los juicios internacionales que se promueven dentro del respectivo territorio, porque son dos cosas de orden público interno, en el cual domina de manera absoluta la intraterritorialidad. El cumplimiento de la sentencia no encuentra obstáculos, cuando se realiza en el mismo país donde ha sido dictada ésta, pero el conflicto puede y suele estallar si la ejecución ha de verificarse en el extranjero.

4. Solución

¿Cómo será resuelto, en el porvenir y radicalmente, el problema que nos ocupa?

A tal solución contribuyen simultáneamente dos factores: el exterior, que corresponde a la esfera estatal; y el interior, que consiste en la trascendencia internacional de la propia vida del Estado.

Dejando el examen del primero para después, recordaremos, acerca del segundo, que el funcionamiento y la evolución estatales presentan, respectivamente entre otros, estos caracteres: exclusivo imperio de cada soberanía en todo lo que afecta al interno orden público y creciente absorción, por éste, del privado.

Salta a la vista que ambos fenómenos determinan necesariamente el progreso de la intraterritorialidad.

Efectivamente: cuanto se refiere a la familia y a la propiedad (incluyendo herencias y contratos), no se considerará legalmente como no lo es, en realidad, de menor interés común que lo político (constitucional y administrativo), penal o procesal. En su virtud, y a semejanza de esto, se regulará aquéllo, única e indispensablemente por las leyes internas.

A tal resultado producido afirmativamente o incluyendo, lleva también, negando o excluyendo, el llamado «orden público internacional». Por ejemplo: a la organización económica de un país comunista se opondrán y al convencimiento social de su justicia repugnarán el dominio de inmuebles y el ejercicio del comercio por particulares extranjeros (como por regnícolas), no menos que se oponen y que repugnan a la constitución y sentimientos familiares en un país de matrimonio monógamo e indisoluble, la poligamia y el divorcio absoluto. Pues bien; el orden público internacional que hoy rechaza estas instituciones en el segundo caso y por dichos motivos, rechazará igualmente aquéllas en el primero y por las mismas genéricas razones.

Por su parte, y en compensación niveladora, hallará el individuo facilidades cada vez mayores para optar (mediante naturalización, avecindamiento o domicilio) por la nacionalidad que prefiera, adquiriéndola plenamente, sin restricción alguna referente a derechos políticos u otras materias.

Y en cuanto a la consideración del extranjero, el equilibrio interestatal, representado por la socialización política, afectará a lo internacional, haciendo que trascienda a las relaciones entre Estados, del modo que vamos a ver en el siguiente capítulo.

Por lo demás, la solución de este problema se facilita, como la de los anteriores, a medida que los Estados identifican el contenido de sus leyes o adoptan unas mismas; hechos debidos (también aquí) a la creciente comunidad de criterios y de conductas, que se van formando con los elementos sobrevivientes en la lucha entre culturas diferentes, y por el equilibrio, cada vez mayor, de aquéllos.

IV

Lo cuasijurídico

1. Inexistencia del Derecho internacional público

Las relaciones internacionales estudiadas, tienen carácter interjurídico, ya que sus términos son sujetos u objetos de derechos distintos, es decir, personas o cosas que se hallan sometidas a diferentes ordenamientos eficazmente coactivos.

A su vez, las reglas positivas (consuetudinarias, legales, gubernativas y jurisdiccionales), que resuelven en cada Estado esas colisiones de leyes y de competencias haciéndose efectivas por la acción de los Jueces y otras autoridades de aquél, forman, en el mismo, un verdadero Derecho internacional.

¿Suceden ambas cosas en las relaciones interestatales? Veámoslo.

En primer lugar, el Estado no es, ni puede ser hoy sujeto de Derecho, porque no ha llegado a adquirir la personalidad que sólo ha de tener cuando se socialice plenamente (4).

Entre otros hechos no menos elocuentes, las pretensiones nacionalitarias prueban con claridad que no existe aún el superorganismo político, imposible sin dicha socialización, tampoco realizada hasta ahora, aunque en tal sentido se camina. Precisamente esa carencia por el Estado de la unidad orgánica, bastante para convertirlo en verdadera persona colectiva, permite que en él se efectúen desmembramientos y anexiones, en el considerable número y con la relativa facilidad que acaba de mostrarnos (entre multitud de ejemplos históricos) la última guerra mundial.

No merecen, por tanto, calificarse de interjurídicas las relaciones interestatales.

Aunque lo merecieran, no habría un Derecho propiamente dicho que las regulara; pues éste (repito una vez más) es ordenación eficazmente coactiva, mientras que en aquéllos, o hay coacción eficaz pero desordenada, en la guerra, o con menor eficacia que orden y deficiencia en ambos, durante la paz (llamémosla así).

Ello se debe a la imposibilidad de que haya entidades superestatales que sean plenamente jurídicas o entidades plenamente jurídicas que sean superestatales. ¿Qué serían, en realidad, sino otros Estados de mayor amplitud, unitarios o federales? Su constitución implicaría necesariamente, para aquéllos que hubieran concurrido a integrarlos, pérdida de su independencia y soberanía, lo cual equivaldría a haber dejado de ser lo que eran, para convertirse en meras porciones (o quedar, a lo sumo, como miembros más o menos autónomos) de los nuevos Estados.

Además de que las federaciones no siempre resultan de la unión de éstos, nunca la autonomía de sus partes, por grande que sea, contradice ni desvirtúa la unidad (absorbente, como luego veremos) del conjunto. Éste es allí de hecho y de derecho, el solo Estado, aunque impropiamente se dé con frecuencia tal nombre a cada uno de los cantones, departamentos o provincias de que consta; y aquél en toda federación es, precisamente, el único encargado de sus relaciones exteriores, que son las que nos interesan ahora.

La confederación no parece tener bien definida su naturaleza. Ordinariamente se reduce a algo transitorio, provisional, que pronto se deshace o deviene una federación, después de lo cual, suele seguir llamándose como antes. En todo caso, exige organización y funcionamiento adecuados, idénticos o equivalentes a los federales, para ordenar permanentemente y con eficaz coacción ciertos asuntos públicos; no faltando, entre ellos, ni siendo el peor atendido, el que nos ocupa, especialmente en lo relativo a las comunes defensa y ofensa de o por los confederados.

En suma: los Estados independientes y soberanos (como han de serlo para merecer este nombre, si bien con el creciente condicionamiento que el intercambio humano impone) representan el máximum de la estructura y de la actuación jurídicas. Por eso no existe, ni puede existir un Derecho, propiamente dicho, interestatal.

2. Ordenación de las relaciones interestatales

Sin embargo, hay en esta esfera cierta ordenación cuasi o semijurídica. Efectivamente, desde muy antiguo, viene creyéndose, con razón, que los Estados no pueden vivir aisladamente ni tratarse tan sólo por la guerra, franca, sangrienta y en absoluto libre, sino que necesitan reglamentar ésta y relacionarse también de este modo menos violento, que nos parece y denominamos pacífico por ser incruento, o de cruentación menor u oculta. El sentimiento y la convicción sociales de tal necesidad fueron aumentando, junto con ésta, sobre todo, al constituirse las naciones modernas, y para satisfacerla han ido elaborándose, reflexiva o espontáneamente, normas de conducta interestatal, que se consignan en tratados o se incorporan a las legislaciones de los pueblos.

Ellas, atribuyendo teóricamente la misma condición a todos los civilizados, y aun más en la práctica a los de igual poder, tienden a unificarse en ellos exterior e interiormente, habiéndose propuesto y hasta proyectado codificarlas en el primero de estos órdenes. La subordinación en que colocan a los países inferiores culturalmente (y, en ocasiones, a algunos muy débiles, aunque cultos), la regulan también por acuerdos de los anteriores sobre protectorados e intervenciones de otras índoles que ejercen sobre aquéllos; pero estas diferencias van borrándose a medida que las energías y las culturas se nivelan.

He aquí dos notas (en particular la segunda, la de trato distinto) que ponen de relieve cómo el Derecho (completo o no) es siempre, en último término, forma e instrumento de dominación. La justifica, garantiza y regula, no sólo hasta donde llega, sino hasta el punto a que se calcula que puede llegar; y la porción de ambos, que falta para su complemento, es, precisamente, la que logra adquirir o retener el dominado, sirviéndose de ella como arma defensiva u ofensiva. Así, la lucha por el Derecho, en lo exterior como en lo interior, se reduce al combate para justificar, garantir y regular el ejercicio de dominaciones parciales y contrarias, si bien en el primero de aquellos órdenes, la imposibilidad de un organismo verdaderamente superior al Estado, impide alcanzar lo que en éste ha de conseguirse: el grado de socialización política en el que el conjunto de los ciudadanos «se domine todo él a sí mismo».

No ha de extrañarnos, pues, que entre los órganos y procedimientos empleados para establecer, cumplir e interpretar las reglas dichas, figuren varios utilizados en las tentativas para dominar interestatalmente y en la defensa contra ellas. Recordemos, de tales medidas, las que siguen:

1º, actuación interna de los Estados en materia exterior; 2º, comunicación directa e inmediatamente recíproca de sus Gobiernos; 3º, mutuo envío de representantes: para asuntos determinados (embajadores antiguos, medioevales y enviados especiales o extraordinarios modernos), con misión general y constante (la mayoría de nuestros diplomáticos y los cónsules); 4º, reunión de esos mismos o de otros delegados en Congresos y conferencias; 5º, formación circunstancial de uniones temporales (ligas, alianzas, etcétera) de Estados; 6º, nombramiento de Comisiones permanentes, constitución de Tribunales de arbitraje y adopción de otras formas del mismo. Se completan estas medidas prestando la llamada asistencia jurídica interestatal y practicando la reciprocidad, aun no habiendo sido convenidas ni estando legisladas.

Cooperan en la obra cada vez más, factores interpopulares, que lo hacen en favor o en contra del deseo de los gobernantes, gestionando extraoficialmente e interviniendo en la negociaciones oficiales.

En esta complicada labor repercuten y se reflejan los choques, ya estudiados, de agentes antagónicos e intereses opuestos; pero ella va ordenándolos poco a poco, y (aunque sólo cuasi o semijurídicamente, por la deficiencia de su coacción) fortalece y estabiliza el equilibrio resultante de las otras luchas.

3. Consecuencias, en este orden, de la socialización política

El contenido de ese cuasi o semiderecho interestatal (que ni aun ahora debe sufrir injustificadas restricciones impuestas por exclusión de los asuntos penales y procesales, a la materia del denominado Derecho internacional público), ira aumentando y modificándose notablemente, merced a la progresiva socialización política, la cual exigirá de los Estados nuevas formas de trato mutuo, para ordenar mejor que hoy se hace, las relaciones de cada uno de ellos con sus súbditos, habitantes en el extranjero, y las de éstos con los súbditos y las autoridades del país en que habitan.

No olvidemos que el progreso políticamente socializador, es, a su vez, consecuencia forzosa de otro fenómeno que ya se realiza y que natural e indudablemente alcanzará completo desenvolvimiento, a saber: la absorción de lo privado por lo público. Ella extenderá lo oficial a cuanto no lo es actualmente, determinando: 1º, la genuina representación de todo el pueblo en el ejercicio de las funciones legislativa, gubernativa y jurisdiccional, y 2º, la participación de todos los ciudadanos en las tareas públicas restantes, mediante el servicio nacional (militar y civil) general y obligatorio.

En virtud de tan riguroso encadenamiento de cosas (y mientras no se rompa el vínculo de nacionalidad, entonces más fuerte) a cualquier súbdito habrá de considerarse, allí donde esté, como un miembro del Estado a que pertenece, de cuya vida participa y a la cual contribuye; operaciones ambas que efectúa, respectivamente, disfrutando de los derechos y cumpliendo las obligaciones que tenga, relativas a aquél.

Correlativamente, unos y otras, suponen en éste: 1º, obligación de reconocer plena y expresamente, en dicha parte integrante de su organismo, una personalidad, no sólo humana, sino cívica, prestándole oficialmente cuantos auxilios materiales y morales le corresponden y son necesarios para sostener, con la mayor ventaja posible, el combate del existir en un ambiente de indiferencia u hostilidad, y 2º, el derecho de ejercer sobre el propio súbdito y doquiera se encuentre suficiente e imprescindible potestad para prestarle aquel mismo apoyo, exigirle el cumplimiento de sus deberes y castigarle por la infracción de ellos.

Además, la exacta ejecución de todo esto, requiere, especialmente donde abundan los extranjeros de igual procedencia, organización adecuada dependiente (de tal o cual modo y en grado mayor o menor) del Gobierno de su país.

Sin duda, tales prolongaciones extraterritoriales de la estructura y funcionamiento de un Estado, serán condicionadas, cuando no impedidas, basándose (para lo uno y lo otro) en consideraciones de orden público interno e internacional, por el intraterritorialismo a que afectan. Pues bien: los acuerdos generales que adopten y los tratados particulares que celebren los Estados, así como los preceptos que éstos incluyan en sus legislaciones, cuidarán de suprimir o atenuar aquellos obstáculos, evitando conflictos de soberanías y resolviendo de la mejor manera posible los inevitables o no evitados.

Lo propio ha de hacerse respecto al trato de los extranjeros con los ciudadanos y las autoridades del lugar en que vivan, para que tampoco les falte durante aquél (sin menoscabo, o con el menor posible, de las relaciones cordiales con la otra parte) la indicada protección oficial. Con ésta, en ambos supuestos, habrá de confundirse la colectiva de los compatriotas, gracias a haberse solidarizado estrecha e inquebrantablemente (al socializarse) los miembros de cada nación, dentro y fuera de sus límites geográficos, y sucediéndoles lo mismo a los regnícolas con quienes trate el extranjero, resultará que extraterritorialidad nacionalista, de un lado, e intraterritorialidad soberana, de otro (con el arma común de la respectiva soliaridad estatal en los dos), estos combatientes sustituirán, en la lucha a que aludo, a los tradicionales personalismo y realismo estatutarios.

Como se ve, la socialización política ensancha no poco el campo de lo interestatal, que irá absorbiendo a lo internacional, como lo público a lo privado, y paralelamente a esta absorción.

Es preparado tal ensanchamiento y garantizada su continuación por el constante desarrollo que adquieren los Derechos llamados internacional administrativo y administrativo internacional. Se les atribuye carácter público, externo-interno, al 1º, e interno-externo, al 2º; ya conocemos las conexiones íntimas de la administración oficial con el interés privado al cual atañen (directa o indirecta, inmediata o mediatamente) todos los servicios de aquélla.

Pero también dará la socialización facilidades para resolver el problema de que se trata, al estatalizar la producción y administración de la riqueza; porque, manteniendo decorosamente (y a cambio de su trabajo) cada Estado a todos sus súbditos, éstos, sin perjuicio de viajar por el extranjero y aunque residan en él, no estarán precisados a hacerlo para competir en lo económico con los regnícolas, disputándoles el ejercicio de la agricultura, industria, comercio u otra profesión.

Por lo demás, a medida que vayan socializándose los Estados, se identificarán sus derechos positivos, al menos en la parte fundamental socializada, y esta creciente identificación, que implica el extenderse la aludida ventaja económica a número, cada vez mayor, de los primeros, hará menos belicosas (o más pacíficas, si se quiere) sus relaciones.

Firma de Luis Hernández Rico

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[1] [Ministro de Instrucción Pública entre 1863 y 1869, el académico e historiador parisiense Victor Duruy (1811-1894) escribió dos obras generales sobre historia romana: la monumental Histoire des Romains et des peuples soumis à leur domination, publicada en 7 volúmenes entre 1843 y 1874, y la Histoire romaine depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’invasion des barbares, que vio la luz pública en 1847].

[2] Revista Nuestro Tiempo. Madrid, Junio y Julio de 1927. [Artículo pendiente de localización y publicación en nuestras páginas].

[3] [Se trata del jurisperito parisiense Charles Dumoulin (1500-1566)].

[4] [Conviene recordar que la teoría del Estado propugnada por Hernández Rico abogaba por la socialización de todos los medios de producción].

~ por rennichi59 en Miércoles 20 junio 2007.

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