¿Garantías?

¿Garant�as?

Artículo publicado por Luis Hernández Alfonso el 17 de abril de 1931 en la revista barcelonesa «La Calle».

No nos sorprende la brutalidad empleada por lo que debiera ser fuerza pública en la represión de los desórdenes provocados por la insolencia de los que pretenden engañar al pueblo con un falso restablecimiento de las garantías constitucionales. En las calles de Madrid, pacíficos transeúntes han sido apaleados inicuamente por los guardias, perseguidos hasta en los portales, detenidos caprichosa, arbitrariamente. Durante dos horas se ha tiroteado un hospital anejo a la Facultad de Medicina. Nada se ha respetado, puesto que en la calle de la Abada los celosos defensores del régimen (convertidos —¡oh, poder del estómago!— en perturbadores de la paz pública) han allanado el domicilio de una honrada familia y la han conducido a la Comisaría sin que hubiese indicio alguno de su intervención en los disturbios.

No nos extraña, repetimos. Nunca, ni aun en la execrada época de la dictadura de Primo de Rivera, ni en la tristemente célebre de Berenguer, hemos presenciado un salvajismo tan acentuado ni un desprecio tan absoluto hacia los más elementales derechos de ciudadanos. Mas ¿cómo sorprendernos las arbitrariedades de un Gobierno cuyos componentes han demostrado cien veces su incompatibilidad con la rectitud y su afán de dominio ciego?

Son los mismos que provocaron el advenimiento de la Dictadura. Recordémoslo. Cuando escribimos estas líneas, nos amenaza otro golpe de fuerza. Si triunfa, nadie sino el Gobierno tendrá la culpa; nadie sino él, que parece perseguir, como principal objetivo, el caos y la anarquía, pretexto magnífico para asestar a la ciudadanía española el espolazo que la haría enrojecer de vergüenza.

¿Garantías? ¿Cuáles son las que se nos aseguran, si no existe la inviolabilidad del domicilio y pueden continuar las detenciones arbitrarias? No basta el Código ilegítimo, cuyos preceptos no obligan en derecho a unos ciudadanos a quienes se les ha impuesto sin consultar su voluntad. No es bastante que, caprichosamente, se apliquen unas leyes y otras no; que se consideren vigentes las disposiciones robustecedoras del Poder y se den por derogadas las que protegen al pueblo contra los desmanes de los detentadores de aquél.

Y se recurre a los más torpes manejos, a las más repugnantes violencias. Se permite que los «legionarios» caminen a su gusto, provocando con sus insultos a cuantos no comparten sus ideas (?); los «bravos» gritan sabiendo que tienen guardadas las espaldas. Gritar «¡Viva la Monarquía!» no es delito; gritar «¡Viva la República!», sí. Basta, pues, excitar al enemigo para que sobre él caiga una ley absurda y una autoridad de hecho inviolable.

La conducta de los albiñanistas en la Academia de Jurisprudencia era delictiva. En la puerta, un grupo de «legionarios» esperaba la salida de los concurrentes al acto para apalearlos. El propósito no lo declararon ellos, «sino el oficial que mandaba las fuerzas en los alrededores», quien confesó no tener órdenes de detener a los «valientes», aun cuando maltratasen a cualquier ciudadano. ¿Así es como se han restablecido las garantías? ¿Se atreve aún el Gobierno a proclamar su propósito de caminar por vías de legalidad y orden?

Los estudiantes —que son, naturalmente, ciudadanos y como tales, tienen derecho a manifestarse— no han podido pedir pacíficamente la amnistía. La fuerza pseudopública atropelló a los manifestantes, los apaleó sañudamente, disparó contra ellos. Lógicamente, los agredidos se defendieron con tesón, llenos del entusiasmo que presta el convencimiento de hallarse en el firme terreno de la Justicia.

No tendremos más garantías que las que nosotros nos aseguremos. Nada puede esperarse de un Gobierno que de tan peregrina forma interpreta el Código fundamental del Estado y mantiene —o quiere mantener— en la Dirección General de Seguridad a una persona que públicamente ha dicho: «Yo no entiendo de leyes» y, lo que es peor, ha demostrado en la práctica que eran veraces sus palabras (1).

Se libra acaso en estos momentos la última batalla entre un régimen vetusto, abominable y monstruoso (por su entraña y por su forma) y la voluntad decidida de un pueblo harto de soportar dictaduras francas o hipócritas y de ser juguete de quien ha llegado, en su megalomanía —que si no fuese trágica sería ridícula— a considerarlo como propiedad particular suya. ¿«Mi pueblo»? ¿«Mi ejército»?

No: «nuestro ejército»; «el pueblo», ni de él ni de nadie, sino de sí mismo. Y entonces habrá garantías.

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Madrid, 1931.

—–

[1] [Ocupó ese cargo, desde la caída de Primo de Rivera hasta el advenimiento de la República, el general Emilio Mola Vidal, de tan infausto recuerdo].

~ por rennichi59 en Lunes 11 febrero 2008.

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