Estampas de un régimen

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Hoy que, al tomar carta de naturaleza entre nosotros los problemas sociales parecen desligarse de los políticos hasta el punto de que, al no poder negar la importancia de aquéllos haya dicho un literato y periodista del día que la literatura actual es apolítica, creemos nuestra misión señalar cómo los presidencialistas, lejos de incurrir en el error que a nuestros ojos entraña esa separación, vemos tan íntimamente relacionados los dos problemas, el político y el social que, no ya con simples prédicas sino aun con hechos, podemos patentizar la unión de ambos aspectos de la vida social.

Y si no se nos cree por nuestra palabra, no nos será muy difícil la demostración insertando unos párrafos de la Constitución mejicana, estado organizado presidencialmente, que es el primero en incorporar a su ley fundamental cuestión tan batallona como la del derecho obrero con tal amplitud que ningún Estado del mundo le supera, ya que en 1916, fecha en que se votó la reforma, la misma Rusia yacía aún bajo la opresión del régimen zarista.

Y dice así el Título 6º, art. 123 de la referida ley constitucional:

«El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región sin contravenir las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo». Y concede a aquellos los derechos siguientes, con carácter constitucional, como ya dijimos:

Jornada máxima de ocho horas para los adultos y seis para los menores de diez y seis años. A los menores de doce no se les admite al trabajo. En general, para el trabajo nocturno regirá la jornada de siete horas como máximo y para todo trabajo, diurno o nocturno, se establece que no será prorrogable por más de tres horas, abonándose éstas al 100 por 100 sobre el sueldo ordinario.

Se concede además participación en los beneficios al obrero, siendo fijada la cuantía de ella por las delegaciones municipales de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. Prohíbense además, bajo la pena de nulidad, los contratos que por cualquier causa pudieran resultar leoninos y, en general, aquellos en que se pacte cualquier renuncia a los derechos por parte del obrero y se establece sin distingos la responsabilidad del empresario por el riesgo profesional del obrero, mandándose además que aquél atienda al alojamiento, instrucción y sanidad del operario agrícola, no pudiendo cobrarle como alquiler por el primero de dichos servicios más allá del medio por ciento del valor total de la finca arrendada.

Reconócense también los derechos a la asociación y a la huelga legítima, que lo será «cuando tenga por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los intereses del capital y el trabajo». Sólo se exceptúan las huelgas violentas y las de obreros fabriles de establecimientos militares, por ser asimilados al Ejército.

Interesantísima en este punto es también la base XXII del citado art. 123, que textualmente dice: «El patrono que, sin causa justificada o por pertenecer a un sindicato o haber tomado parte en una huelga lícita despidiere a un obrero, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato de trabajo o a indemnizarle con el sueldo de tres meses. Igualmente tendrá esa obligación cuando el obrero se retire del trabajo por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, bien en su persona o en la de los suyos…». La misma obligación se impone para caso de insumisión del patrono al arbitraje.

Junto a estas obligaciones figuran las generales de protección a la obrera y a la madre, que ya existen en otros países, y que por ser de sobra conocidas no insertamos aquí.

Y ahora, dígasenos si este es el tiránico caudillaje tan temido por los que no comprenden que es mucho más eficiente que el que en España se conocía y aun conoce con el nombre de caciquismo, elevado casi a institución, por el parlamentarismo liberal y democrático.

Nosotros creemos que, muy lejos de ello, es el sistema presidencial el único que combina las ventajas de una enérgica acción de gobierno con una verdadera investigación de la voluntad nacional por las características de su organización que ya expusimos otras muchas veces.

Jerónimo Martínez Doggio

«El Presidencialista», nº 4 (abril de 1928)

~ por rennichi59 en Domingo 23 noviembre 2008.

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