«Boletín de la Democracia Católica», n.º 1 (15-I-1886)

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SECCIÓN OFICIAL

CENTRO REPUBLICANO CATÓLICO de Valencia

SU OBJETO

Se propone la defensa y propaganda de la doctrina político-religiosa que indica su nombre, al propio tiempo que la agrupación de sus correligionarios para mejor procurar el triunfo práctico de aquella.

SU PROGRAMA

Consta de las dos afirmaciones siguientes:

1.ª República democrática con unidad católica.

2.ª Independencia armónica entre la Iglesia y el Estado en sus respectivas esferas jurídicas.

SU ORGANIZACIÓN

Compónese de Presidente, Secretario y Vocal, teniendo ajentes corresponsales en distintas poblaciones de España.

ANUNCIO

Esta corporación tiene proyectada una Alianza de republicanos católicos de España, con arreglo a las siguientes bases, que ya a su tiempo publicó y que hoy vuelve a recordar:

PRIMERA

El programa de la Alianza será el mismo del Centro.

SEGUNDA

La Alianza no constituirá un partido aparte de los que en la actualidad existen, sino que será un lazo de relación entre los católicos de todas las fracciones republicanas, para que cada cual (desde el campo político en que milite) procure la defensa y propaganda del programa señalado.

TERCERA

La dirección de la Alianza estará a cargo de una Junta elegida por el sufragio de los aliados y con sujeción a las instrucciones que estos acuerden dar.

Habiendo comenzado ya el Centro los trabajos preparatorios para la organización de dicha Alianza, declara tener abierto el registro de adhesiones, encargando a sus corresponsales verifiquen lo propio.

Valencia, 15 de enero de 1886.

El Presidente
Luis Hernández Rico

SECCIÓN EDITORIAL

NUESTRO CREDO

El principio de potestad, cuyo origen supremo radica en Dios, se manifiesta en la práctica en el conjunto de individuos que componen un Estado, constituyendo la llamada soberanía nacional, que no es otra cosa que la propia voluntad humana puesta en acción en la vida política de un pueblo.

En la imposibilidad de un planteamiento directo de dicha soberanía, dada la necesidad de la existencia de autoridades que dirijan la cosa pública, hay que acudir al sistema de gobierno verdaderamente representativo de la voluntad de la nación, y que no puede ser otro que aquel en el cual los gobernantes son elegidos por el sufragio expreso de los gobernados, debiendo inspirar su conducta en la opinión de éstos y teniendo su magistratura el carácter de amovible y de responsable. Este sistema es la República.

Siendo, según queda dicho, la soberanía nacional la misma voluntad humana moviéndose en el Estado, su ejercicio debe ser completamente libre dentro de la esfera de acción que le está señalada, sin que en manera alguna le sea permitido extravasar el justo límite que se le ha designado. Esa esfera es la del Derecho, y su límite la Moral. De modo que el Estado, como el individuo, necesita de una ley moral fija y superior a su criterio, y que sea la norma de todos sus actos.

Dicha ley no se concibe sea otra que la dictada por Dios a nuestros primeros padres, revelada luego por el Eterno en el Sinaí, confirmada más tarde en el Gólgota por el martirio del Redentor, y fielmente conservada y transmitida hasta nosotros por su infalible Iglesia. Llámase esa ley dogma católico, y a él es a quien corresponde servir de regla de conducta del Estado con exclusión de cualquiera otra teoría religiosa que a aquel se oponga.

Resumiendo, pues, nuestra doctrina, esta viene a quedar reducida a la siguiente fórmula:

«Amplio ejercicio de la soberanía nacional dentro de la esfera de orden que la divina Religión establece; lo que únicamente se consigue mediante la constitución de una República democrática con unidad católica».

¿Es decir con esto que sometamos los asuntos políticos y administrativos que son objeto de la acción del Estado, a la jurisdicción de la Iglesia? Nada de eso. La potestad civil cumple con ajustar sus actos al criterio moral que la eclesiástica le proporciona, manteniendo su autonomía en todos aquellos negocios que son de su exclusiva competencia.

Por eso nosotros, en complemento a la fórmula antes consignada, añadimos y proclamamos la «Independencia armónica entre la Iglesia y el Estado en sus respectivas esferas jurídicas».

Tal es nuestro credo.

EJEMPLOS

La Democracia Católica no es una ilusión, no es un absurdo: antes al contrario, es una cosa realizable; más aún, es una cosa realizada, es un hecho. Ahí están, si no, para acreditarlo las Repúblicas del Ecuador y de Bolivia.

Católica, apostólica, romana la primera en tiempos de su ilustre presidente D. Gabriel García Moreno, vio en el año 1875 turbada su paz por una revolución impía que asesinó traidoramente a tan digno magistrado.

«Dios no muere —exclamaba éste ya próximo a espirar—: después de mi fallecimiento el Ecuador caerá en manos de los revolucionarios; con el dulce nombre de Liberalismo gobernarán despóticamente; pero el Sagrado Corazón de Jesús, al que he consagrado mi patria, la libertará al fin de su poder, para colocarla bajo la salvaguardia de los grandes preceptos católicos».

Así, en efecto, ha sucedido. Triunfante de nuevo la opinión sensata y dominante en el país, vio éste restablecido el orden con el nombramiento de otros gobernantes, intérpretes fieles del espíritu religioso del mismo.

La víspera del día en que ante el Prelado de Quito debía prestar juramento solemne de no acometer empresa alguna en contra del Catolicismo, el actual presidente Sr. Caamaño presentóse a la viuda de Moreno suplicándole le prestara el fajín todavía ensangrentado de éste. «Deseo, señora —le dijo—, que se vea en mí al sucesor de su política franca y leal». «No os lo presto, os lo regalo —contestó la viuda—; nadie mejor que vos es digno de llevarlo».

Hoy la República del Ecuador, con su unidad de dogma y de fe, continúa siendo modelo de nacionalidades católicas.

* * *

En cuanto a la de Bolivia, baste para quedar convencido de su religiosidad, el relato del siguiente acontecimiento que nos apresuramos a hacer público, copiándolo de un periódico:

«A consecuencia de la Encíclica del 20 de Abril de 1884 contra la francmasonería, el presidente de Bolivia (1) ha tomado toda clase de precauciones para preservar al ejército del contagio de la secta. La Patria, diario de aquel país, ha descrito la grandiosa manifestación que se verificó en la capital para felicitar al jefe del Gobierno, el cual declaró su resolución de no abandonar la religión de sus antepasados, añadiendo que el gobierno tenía el firme propósito de sostener la religión católica, y que él y el pueblo, gobernantes y gobernados, no se separarían jamás de sus sanas doctrinas».

* * *

¿Qué dirán en vista de los anteriores ejemplos cuantos por acá juzgan incompatibles el Catolicismo y la Democracia?

¡Ah! ¿y por qué no hemos de ser los republicanos europeos tan sensatos como los de América? ¿Acaso no ganaríamos más con ello que dando rienda suelta a esa saña impía y feroz que es causa de la muerte y el descrédito de la hermosa institución política por que suspiramos?

Compárese el espectáculo que nos ofrecen las dos mencionadas repúblicas con el que nos presenta la vecina Francia, y dedúzcase racionalmente.

¡Haga Dios que de tales enseñanzas saquemos el mayor fruto posible!

EL SYLLABUS Y LA ENCÍCLICA «INMORTALE DEI»

Se ha pretendido encontrar pugna entre estos dos documentos pontificios, en la solución por ellos dada al importante problema político-religioso.

Nada más falso que la existencia de semejante contradicción. El Syllabus y la Encíclica Immortale Dei no declaran sino una misma cosa; ambos sientan idéntica doctrina; uno y otro condenan la teoría liberal; pero uno y otra dejan a salvo la doctrina democrática.

Porque hay que tener en cuenta lo diferentes que son el Liberalismo y la Democracia.

Mientras el primero (tal como la Iglesia lo entiende para rechazarlo) no es más que la propia filosofía racionalista aplicada al régimen gubernativo de un país; la segunda es un sistema meramente político, que aspira (como su nombre indica) a la práctica de la libertad del individuo en la esfera social del Estado, mediante el gobierno del pueblo por el pueblo mismo. El primero se empeña en emancipar a las naciones de la benéfica influencia de los preceptos y prácticas de la Iglesia de Dios, precipitando con esto la caída de aquellos en el horroroso abismo de la anárquica impiedad. En cambio, la segunda se contenta con poner a los países a cubierto del despotismo de los gobiernos personales y autoritarios, sin que por ello deje de comprender la necesidad que la libertad pública (como la privada) tiene de una norma superior y fija de orden que no niega sea la Católica.

Sentada esta diferencia capital entre los dos conceptos comparados, fácil es de deducir que ni el anatema de Pío IX sobre el Liberalismo debe considerarse extensivo a la Democracia, ni el reconocimiento que de ésta hace León XIII, envuelve contradicción alguna a las declaraciones del Syllabus.

Desengáñense nuestros adversarios. El criterio revelado en la preciosa Encíclica Inmortale Dei, que tan favorable se muestra a la armonía político-religiosa por que abogamos, ha sido siempre e indudablemente continuará siendo el criterio de la autoridad eclesiástica acerca del particular.

UN VOTO MÁS

Excusando comentarios de nuestra parte, por considerar suficientes los que a continuación se consignan, copiamos de nuestro colega local «El Correo» el siguiente artículo, de cuyo contenido se deduce un voto más de la autoridad eclesiástica a favor de la armonía político-religiosa por que abogamos.

Hélo aquí:

«No habrán olvidado nuestros lectores el acto de adhesión al Sumo Pontífice, que los prelados españoles, reunidos para asistir a los funerales de D. Alfonso, hicieron en los primeros días del mes último. Sabíamos que al propio tiempo habían suscrito importantes declaraciones de índole político-religiosa, cuya publicidad se subordinó, sin embargo, a la aprobación de Su Santidad, no porque abrigaran dudas acerca de la conformidad del Soberano Pontífice, sino porque querían hacerle árbitro de la oportunidad o inoportunidad de publicar esas manifestaciones.

Obtenido el consentimiento de la corte pontificia, el documento que más abajo publicamos aumenta la importancia que le daban las firmas de 25 prelados españoles.

Nada declaran, en verdad, los eminentísimos cardenales, muy reverendos arzobispos y reverendos obispos de la Iglesia española, que no haya virtual y expresamente declarado el Sumo Pontífice en su reciente Encíclica Inmortale Dei; pero la forma del documento y la ocasión en que se publica, la revisten de todos los caracteres de un acto solemne, íntimamente relacionado con el estado actual de la política española.

En tela de juicio las instituciones, más confiados que nunca los partidos republicanos, llenos de esperanzas los carlistas, con o sin el cumplimiento de los planes de fusión dinástica, cae en terreno bien preparado la primera de las declaraciones, según la que, a juicio de los prelados, es lícito de toda licitud a los católicos ciudadanos españoles sostener controversia sobre la mejor clase de Gobierno, sobre tal o cual forma de constituir los Estados.

Y como lo que teóricamente la Iglesia declara lícito, lícito también será en la práctica, los prelados, previa la aprobación del Papa, adquieren el compromiso de aceptar la forma de Gobierno republicano, si se estableciese en España, salva siempre la unidad en la fe y en los principios católicos.

Verdad es también que con igual derecho los carlistas podrán interpretar esta declaración en sentido favorable a sus aspiraciones. Pero respecto a este punto, los prelados españoles asestan un golpe mortal al carlismo en las declaraciones sucesivas, despojándole de su pretendida representación de los intereses católicos.

Éste es, sin duda, el pensamiento fundamental que ha inspirado el documento, y de ello es buen indicio la solicitud puesta por los respetables prelados firmantes, para que sea la reina rejente la primera en conocerlo. Si como es de suponer, la casi totalidad del episcopado español se adhiere a esas declaraciones, bien puede asegurarse que la causa de D. Carlos ha sufrido un golpe mortal.

Dicen así las declaraciones del episcopado español:

—«1.ª Poniendo sobre nuestras cabezas, y respetando, cual se merece, la precitada Encíclica, debemos declarar y declaramos, como asunto que es de actualidad, especialmente en varias de nuestras diócesis, que si bien la política debe basarse sobre la Religión, y ser informada por ella, la Religión y la política son, sin embargo, cosas muy distintas y que jamás deben confundirse; y que, salva la unidad en la fe y en los principios católicos, puede con toda licitud sostenerse controversia, como dice nuestro Santísimo Padre, sobre la mejor clase de gobierno, sobre tal o cual forma de constituir los Estados, y puede haber sobre ello una honesta diversidad de opiniones.

2.ª Siendo la prensa en general, y los diarios católicos en particular, el medio más común y ordinario de que se sirven los hombres para discutir cuanto concierne, no sólo a la política, sino a la religión, cúmplenos declarar y declaramos, que ningún periódico, revista, folleto o publicación de cualquier género, sea cual fuere la autoridad que prestarles pueda el nombre de sus respectivos autores, tiene la misión de calificar, y menos de definir, si tal o cual teoría u opinión cabe o no dentro de la doctrina católica; pues que semejante declaración corresponde, por derecho divino, a los que, como sucesores de los apóstoles, han sido puestos por el Espíritu Santo para regir en sus respectivas diócesis, la Iglesia de Dios, bajo las limitaciones y reservas contenidas en el Derecho Canónico.

3.ª En su consecuencia, dejando a un lado las opiniones meramente políticas y con el firme y decidido propósito de no inmiscuirnos directamente en las contiendas que ocasionan, declaramos asimismo que los periódicos, revistas o folletos que quieran honrarse con el título de católicos, deben estar sujetos, entera y rendidamente, bajo el enunciado concepto, a la autoridad del prelado diocesano. Por manera, que si en algún caso después de las advertencias oportunas, cualquiera de las indicadas publicaciones rechazare o declinare la sujeción a su propio obispo, dejará, por mero hecho, de ser considerado como publicación católica.

4.ª Y para más declarar nuestro concepto y dejar a los publicistas católicos su honesta libertad de escribir con la amplitud que convenga a sus respectivos fines y propósito (cuyo derecho en manera alguna intentamos cercenarles), debemos, por fin, declarar y declaramos, que es lícito a los dichos escritores, partiendo del criterio católico, defender y propagar sus doctrinas y opiniones, y combatir lealmente a sus adversarios, con tal de no perder de vista las reglas prescritas por la caridad cristiana, tan recomendadas por Su Santidad, y sin presumir tampoco que sus escritos, por el hecho de emanar de autor católico, tienen más autoridad que la que pueden prestarles las razones o fundamentos en que se apoyen».

Dado en Madrid a 14 de Diciembre de 1884.— Fray Ceferino, cardenal González, arzobispo de Toledo; Francisco de Paula, cardenal Benavides, arzobispo de Zaragoza; Antolín, cardenal Monescillo, arzobispo de Valencia; Benito, arzobispo de Valladolid; José, arzobispo de Granada; Ramón, obispo de Jaca; Narciso, obispo de Madrid-Alcalá; Victoriano, obispo de Orihuela; Vicente, obispo de Cádiz; Sebastián, obispo de Córdoba; Manuel, obispo de Málaga; José, obispo de Almería; Ciriaco, obispo de Ávila; Mariano, obispo de Vitoria; Juan María, obispo de Cuenca; Manuel María, obispo de Jaén; Jaime, obispo de Barcelona; Antonio, obispo de Sigüenza; Antonio, obispo de Teruel; Tomás, obispo de Zamora; Antonio María, obispo de Calahorra; Fray Tomás, obispo de Salamanca; Vicente Santiago, obispo de Santander; Tomás, obispo de Murcia; José Tomás, obispo de Filipópoli, administrador apostólico de Ciudad-Rodrigo».

LA OPINIÓN DEL «MONITEUR DE ROME»

He aquí cómo se expresa este importante periódico italiano al tratar de la Democracia Católica en España:

«La situación general se complica por la constitución de un partido católico republicano, cuya dirección está en Valencia. Este partido cree que la monarquía debe llegar a una gran crisis y que para salvar los intereses de la Iglesia es menester colocarla en condiciones de defensa para lo futuro, es decir, dentro de la República. Según el mismo, más vale una buena República que una mala monarquía con ministros liberales, y la Religión, en vez de perder, ganaría en fuerza, en prestigio y en libertad.

Nosotros rendimos homenaje a la pureza de las intenciones y al desinterés de los promovedores de la idea. Sin duda alguna la Iglesia bendice todas las formas de gobierno, y prefiere un régimen republicano bien ordenado a un gobierno monárquico poco cuidadoso de los intereses de la fe; pero el debate sobre esta cuestión no tiene la simplicidad ni la evidencia que se le supone.

Creemos mejor que la constitución de un partido republicano católico es una gran falta política, porque priva a la unión conservadora de preciosos apoyos, porque acentuaría las corrientes republicanas, porque sería menester cerrar los ojos sobre los peligros de una República, y porque precipita al partido católico en una alternativa terrible: en la de apoyar a Castelar o combatirle, y en uno u otro caso el peligro es igualmente grande».

Como se ve, las frases contenidas en el segundo de los tres párrafos transcritos son en gran manera favorables a nuestra causa. La confesión de que la Iglesia «prefiere un régimen republicano bien ordenado a un gobierno monárquico poco cuidadoso de los intereses de la fe» no deja de tener importancia en las columnas de un diario que tan estrechas relaciones guarda con el Vaticano.

Respecto a los inconvenientes que a continuación señala el Monitor, fácil es de comprender que en realidad no existen, pues la agrupación de los elementos católicos que dispersos andan hoy por las diversas fracciones democráticas, cuyos planes anti-religiosos vienen sin pensarlo a favorecer, lejos de privar a la unión conservadora de preciosos apoyos, le aporta esas fuerzas de que priva a la revolución impía; en vez de acentuar las corrientes republicanas en sentido demagógico, procura encauzarlas por el derrotero del orden, y al contrario de cerrar los ojos sobre los peligros de una República, lo que hace es tenerlos muy presentes y atender a evitarlos mediante la constitución de aquel sistema de gobierno sobre la sólida base de la divina Religión.

LA RISA DE «EL MOTÍN»

Plenamente convencido este periódico (según él mismo asegura) de que el Catolicismo y la libertad son de todo punto incompatibles, prorrumpe en estrepitosa carcajada apenas oye hablar de República Católica en España.

En verdad que no sabemos a qué atribuir la hilaridad del colega madrileño. ¿Es efectivamente de burla el contemplar la candidez de cuantos buscamos en la doctrina infalible de la Iglesia la salvaguardia de los intereses del Progreso, o será tal vez hija del despecho que le producen las conquistas del Catolicismo en el campo de la Democracia, donde tan funesto dominio ha venido ejerciendo la impiedad?

De todos modos, nos parece que la risa es un argumento bastante débil en contra de nuestro pensamiento.

A no ser que el carácter alegre y superficial del satírico «Motín» no le permita, como casi siempre le sucede, tratar en serio un asunto de tan vital importancia para el país, y cuyo estudio requiere toda la formalidad de que carece aquel semanario.

Siendo así, puede reír cuanto guste el órgano de la Masonería pensando en la República a que nuestra candidez aspira, mientras el pueblo infeliz y sensato llora amargamente el recuerdo de la que los amigos de «El Motín» quisieron en vano consolidar en España.


[1] Se trata de Gregorio Pacheco Leyes (1823-1899), fundador del Partido Demócrata y presidente constitucional de Bolivia desde septiembre de 1884 hasta agosto de 1888. [Nota de Pablo Herrero Hernández]

~ por rennichi59 en Viernes 10 abril 2009.

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