Responsabilidad penal del Jefe del Estado

La igualdad ante la ley penal

Tras de fatigoso camino la civilización jurídica ha conquistado la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley penal, tanto en el orden sustantivo como en lo tocante al procedimiento. Pero por motivos oriundos del Derecho público interno y externo perduran todavía algunas excepciones que no pueden estimarse ya como «privilegios personales», sino como prerrogativas inherentes a la función que algunas personas desempeñan. Son simples causas de no punibilidad, que en Alemania se designan bajo la certera rúbrica de Straflosigkeit.

Una de estas excepciones que me propongo esclarecer ahora es la inmunidad penal del Jefe del Estado. El estudio requiere una previa distinción, pues varía el área de esa prerrogativa en las monarquías y en las repúblicas.

La inmunidad penal del Rey

Todos los Estados de régimen monárquico consagran el principio de la irresponsabilidad de los Reyes, que los escritores alemanes —sirva de ejemplo Merkel— estiman incluido entre los derechos mayestáticos. Mas el espíritu investigador no acalla su curiosidad reconociendo los hechos, sino que se lanza a la búsqueda de razones. Está superada la vieja fórmula princeps legibus solutus y el procer aforismo inglés The King can do not wrong. Es preciso calar más hondo. Tampoco puede satisfacernos la máxima constitucional de la responsabilidad de los Ministros, puesto que en delitos de índole común no va a ser castigado subsidiariamente quien desempeña el oficio ministerial. Si un Rey mata, roba o viola, no será responsabilizado el Ministro por homicidio, robo o violación. Carlos Binding protesta de semejante hipótesis que no puede sustentarse sin atropellar el apotegma de la personalidad de las penas.

El profesor Binding, acabado de mentar, alega un doble fundamento para esta suerte de privilegio máximo: la esperanza de que nadie será más fiel cumplidor de la ley que quien la hizo, y la conveniencia de que el esplendor del trono no sea obscurecido por la pesquisa penal y por la pena. Estos alegatos estan ausentes de base sólida. La esperanza de que nadie será más obediente a la ley que el mismo hacedor de ella, más bien acarrearía su castigo agravado, cuando el supuesto se incumple, y el esplendor del trono no se mantiene por encubrir los crímenes de un Rey.

Yo no hallo motivos en las Monarquías de tipo constitucional, para este privilegio superlativo, rastro de las épocas en que el poder provenía de fuentes divinas. La tradición española de nuestros teólogos y jurisconsultos divorciose de la doctrina romana y exigió que los príncipes vivieran en el respeto a la ley. La defensa del tiranicidio, que en las páginas de una de mis obras ha sido desenvuelta con la debida prolijidad, es magnífica probanza de este aserto.

Retengamos, no obstante, que es un hecho admitido en las Constituciones la inviolabilidad penal de los Reyes, y como esa inmunidad se refiere a la función, perdura aún después de depuesto el Monarca de su trono. El asunto se ha debatido por Nappi y Florián en referencia al Emperador de Alemania; bien entendido que el privilegio se circunscribe a los actos perpetrados en la época en que todavía empuñaba el cetro.

La responsabilidad penal del Presidente de la República

En regímenes democráticos deben desterrarse esas ficciones de añeja procedencia; por eso las Repúblicas han de proclamar la responsabilidad de todos sus mandatarios, sin exceptuar al más alto magistrado. El artículo 6º de la Constitución francesa de 25 de febrero de 1875 dice que «el Presidente de la República no es responsable más que en el caso de alta traición». A mi juicio este inciso debe ser interpretado en un sentido más recto a como lo hace Renato Garraud, que se pega en demasía al sentido literal del precepto. Me parece más conforme a las ideas democráticas el comentario de Laborde, cuando afirma que ese artículo solo alude a la responsabilidad política y que en orden a la propiamente penal rige la ley común. No se olvide que según el artículo 1º de la ley francesa de 20 de noviembre de 1873, el Presidente de la República solo es Jefe del Poder Ejecutivo. El único privilegio de que gozará es el de que la acusación parta de las Cámaras de Diputados y el juicio se realice por el Senado, conforme ordena la ley de 16 de julio de 1875.

En Suiza el artículo 117 de la Constitución federal de 29 de mayo de 1874, proclama la responsabilidad de todos los funcionarios. El Presidente y el Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica pueden ser destituidos de sus cargos, como cualquier otro funcionario civil, si están convictos de traición, concusión u otros crímenes graves o actos ilícitos. Las nuevas Constituciones de Alemania de 11 de agosto de 1919 y de Austria de 1º de octubre de 1920, no sustraen a sus Presidentes del imperio de la ley penal.

El progreso jurídico va haciendo su camino. Cuando las arcaicas estructuras monárquicas se hunden, las formas republicanas reemplazantes tienden a despojarse de los privilegios que antaño rodearon al Jefe del Estado, que ahora es un ciudadano como los demás, sometido a la inexorable vigencia de las leyes, acaso más exigente para ellos por su postura visible.

Luis Jiménez de Asúa

«El Presidencialista», n.º 5 (mayo de 1928)

~ por rennichi59 en Lunes 23 noviembre 2009.

2 comentarios to “Responsabilidad penal del Jefe del Estado”

  1. Un caso hipotético, ¿Que pasaría si el Rey de España mata a un número indeterminado de ciudadanos? delante de varios testigos y por supuesto sin la atenuante de defensa propia.

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  2. Como no somos jurisperitos —nuestra formación en Derecho se circunscribe a unas nociones de Derecho romano—, no nos atrevemos a enjuiciar el alcance que el art. 56 § 3 de la Constitución vigente en España, donde dice: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», tiene en relación con un eventual delito de asesinato. Le conviene buscar la respuesta en la literatura jurídica de interpretación del texto constitucional.
    Lo que sí podemos decir es que este texto de Jiménez de Asúa, publicado en «El Presidencialista» hace la friolera de 83 años, parece haber recobrado vigencia a raíz del escándalo financiero protagonizado por un yerno del rey de España. Y aunque al no tratarse del monarca deberá ser juzgado por ello y condenado si es hallado culplable, lo cierto es que hechos como éste inducen no sólo a plantearse cuestiones como la que Ud. sugiere, sino, de forma más generalizada, la procedencia de que la jefatura del Estado siga transmitiéndose, a estas alturas, por vía hereditaria. Algo que Jiménez de Asúa, Luis Hernández Rico y Luis Hernández Alfonso, como muchísimos otros intelectuales de aquella época, consideraban ya por aquel entonces completa y definitivamente obsoleto.

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