El trabajo (I)

Artículo publicado por Luis Hernández Alfonso el 25 de septiembre de 1931 en la sección «Comentarios» del diario madrileño «La Libertad». Texto y titular proceden de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

I

En el Parlamento fue objeto de discusión acalorada una enmienda en la que se pedía que España se denominase «República de trabajadores». En defensa de la proposición, Luis Araquistáin pronunció un buen discurso, sin que, en definitiva, se resolviera nada, tras de varias horas de vivo debate.

Es curioso que se muestre tanto empeño en discutir una denominación que, sobre no llevar en sí declaración alguna de principio, no ha de responder seguramente a lo denominado. Algo de esto pensó Unamuno cuando dijo: «Lo importante no es que se llame de trabajadores, sino que tengan en ella trabajo los lo que sean».

Puesto que no se quiso significar en la enmienda que la República fuese «de clase», únicamente puede aceptarse la denominación cuando en el código político fundamental se establezca, de manera terminante y categórica, la obligatoriedad del trabajo como servicio público general. Sólo así puede aceptarse un nombre que entraña la existencia de todo un pueblo laborioso, lo que es incompatible con el predominio de los rentistas, sin más esfuerzo en su vida que el de cortar el cupón… cuando no hacen que otros lo corten por orden suya.

Eso es lo que debía discutirse e implantarse: que todo ciudadano participase en la total carga de trabajo, y no hubiera quien viviese sin trabajar —siendo útil—, ni quienes trabajasen sin apenas vivir. Y no porque admitamos que el trabajo es un título de propiedad, sino porque lo consideramos como necesidad social, cuyo cumplimiento incumbe, en justicia, a «todos» los miembros de la colectividad humana.

Dígase como quiera, el concepto de la economía viene basándose, absurdamente a nuestro juicio, en el derecho de propiedad sobre los productos del esfuerzo del hombre. Los sistemas capitalistas atribuyen la propiedad al capital; el colectivismo, al trabajo; pero todos parten de un reconocimiento de la propiedad y del derecho a disfrutarla, basado en funciones más o menos efectivas. Calificamos de absurdo ese punto en que radicalmente coinciden teorías tan dispares como las indicadas, porque no admitimos otro fundamento para la economía que el «derecho a vivir», inherente a cada ser humano desde que es engendrado.

La cuestión ha de plantearse, pues, de manera fundamentalmente distinta. Como muy bien recordaba Araquistáin, el reconocimiento del trabajo «obligación social» es pre-marxista; aludía él a Saint-Simon… Para no buscar precedentes remotos e imprecisos, nos referiremos a Tomás Moro, que en 1516 inicia ese reconocimiento explícito, aceptado luego por Campanella. Morelly, en su obra La Basiliada, que vio la luz en 1753, preconiza que en la sociedad futura «…todo ciudadano será hombre público, sustentado y mantenido a expensas públicas», para conseguir lo cual, «todo ciudadano contribuirá a la utilidad pública según sus fuerzas, su talento y su edad».

En el pasado siglo, Bellamy, en su famosa obra El año dos mil, describe una sociedad comunista basada lógicamente en el establecimiento de la obligatoriedad del trabajo como requisito indispensable para la garantización de la vida.

No es esto lo que se expresa en la frase «el trabajo es una función social», forma tan vaga e imprecisa que permite ser adoptada por tirios y troyanos, puesto que no determina la obligación de trabajar que pesa sobre «todos y cada uno» de los hombres. Ha de especificarse que todo miembro apto de la colectividad queda sujeto al servicio civil obligatorio, como lo está, en casi todos los países, al militar. Así lo pedía D. Luis Hernández Rico en una conferencia pronunciada (en la Sociedad cultural Fomento de las Artes, de Madrid) en Mayo de 1920, y así figura en el manifiesto publicado en Mayo último por el Comité del partido republicano presidencial comunista, documento en el que se dice: «De cada asociado se exige la prestación personal que sus aptitudes le permitan, y, en cambio, se le asegura una subsistencia lo más holgada posible». Una Comisión nombrada por el mencionado grupo político (e integrada por los Sres. Hernández Rico, Martínez Doggio, Correa Fernández, Muñoz García y el autor de estas líneas) redactó y presentó a las Cortes Constituyentes unos Proyectos de socialización económica, donde al referirse a la del trabajo, se lee: «Deben trabajar todas las personas útiles durante un período que se calcule estrictamente preciso para producir cuanto la sociedad necesite en cualquier momento, y habrán de hacerlo del mejor modo posible, en edad viril, después de haber recibido (durante la niñez y la adolescencia) las enseñanzas generales y preparaciones técnicas suficientes, y quedando, con el licenciamiento absoluto, en libertad para dedicarse al descanso o a lo que prefieran. En todo ello se procurará armonizar el respeto debido a las voluntades individuales con las exigencias ineludibles del interés social».

Incorporando a la Constitución preceptos como los transcriptos se logrará que la República «sea» de trabajadores. Limitarse a «denominarla», sin garantizar que la calificación refleje la realidad, es tan inútil como el artículo de la Constitución de 1812 en el que se imponía a los ciudadanos la obligación de ser honrados, justos y benéficos. Inútil, porque ahora no se podrá negar a nuestros compatriotas ociosos su calidad de españoles, como no se les negaba entonces a los delincuentes. Unos y otros incurrirían en falta al transgredir preceptos constitucionales; pero no con ello perderían su nacionalidad.

Aferrarse a palabras sin contenido o resistirse a abandonar preceptos que responden a criterios fracasados es perder lastimosamente un tiempo de cuya inversión nos pedirá cuentas la posteridad. No puede ya elaborarse una Constitución a base de tópicos añejos ni frases trasnochadas. Cualquiera ley política contemporánea, si se pretende que conserve algún tiempo vigor, ha de formarse en nuevos moldes y ser un puente por el que pueda irse del pasado próximo al más remoto porvenir. No debemos, en consecuencia, limitar nuestra aspiración a reunir en una ley las conquistas logradas, sino que tenemos el deber de señalar la ruta por la cual hayamos de avanzar rápidamente en el futuro. De lo contrario, nacerá ya vieja, y lejos de ser cauce sereno para todas las innovaciones, se convertirá pronto en obstáculo que se oponga a su avance. No esperamos que la nueva Constitución sea ese cauce; hay sobradas dificultades que estorban el propósito. El resultado será anodino, insípido y transitorio, engendro de un eclecticismo que jamás dio vida a nada eficaz.

Mientras el barco no corte cuantas amarras le unen, con mayor o menor apartamiento, a las costas del pasado, es inútil poner proa a puntos lejanos y aumentar la presión en las calderas. Nos exponemos a que estallen y todavía queden sus restos sujetos por la odiosa amarra a la costa maldita.

La Constitución debió forjarse con el martillo de la justicia y sobre el yunque de la realidad, con un criterio profundamente revolucionario, garantizador del interés social, formado por el conjunto de justas aspiraciones individuales… Debió, sí, establecer como principio el derecho a la vida, y como corolario exigido por la necesidad, el deber de trabajar. No basta ya socializar la producción individualizando el aprovechamiento (como propugna el colectivismo); es preciso que producción y aprovechamiento se socialicen mediante la socialización del trabajo; es decir, declarando éste «servicio público general y obligatorio».

¿Que es difícil lograrlo? No tanto como se cree. En otros artículos expondremos normas inmediata y fácilmente adaptables en tal sentido.

LUIS HERNÁNDEZ ALFONSO

Ir a la II parte del artículo

~ por rennichi59 en Jueves 14 abril 2011.

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