El trabajo (II)

Artículo publicado por Luis Hernández Alfonso el 8 de octubre de 1931 en la sección «Comentarios» del diario madrileño «La Libertad». Texto y titular proceden de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

II

Es indudable que gran parte del esfuerzo humano en la actual organización de la colectividad no se necesita, en rigor, para la vida de ésta. Podrá, pues, en lo futuro, prescindirse de esa cantidad de energía. Tal, por ejemplo, la que se emplea en el aumento de capitales, en la obtención de ganancias y, en una palabra, lo que no «produce» ni ayuda a producir siquiera.

En cambio, siempre será preciso cultivar las tierras, laborar las minas, fabricar muebles, construir casas, transportar productos. etc. Por eso la distribución del trabajo en la sociedad del porvenir habrá de hacerse tomando como base la suma de esfuerzos empleados en las tareas imprescindibles. A ellas podrá aplicarse la energía humana hoy empleada en menesteres de cuya realización no se deriva beneficio para la colectividad, sino exclusivo para algunos de sus miembros, y también la de éstos, ahora ociosos e improductivos, sin otra misión que la de aumentar sus caudales con el esfuerzo ajeno y el menor posible propio.

Estableciendo el «servicio civil general y obligatorio», el control del trabajo estará en manos del Estado, el cual distribuirá la energía en la forma que la producción, el transporte y el aprovechamiento exijan. Esto, por sí solo, resolvería uno de los más inquietantes problemas, asegurando el equilibrio permanente de las industrias, normalizando automáticamente la producción de acuerdo con las necesidades del consumo. No habrá superproducción inútil ni escasez de productos preciosos, como ahora sucede.

Actualmente hay en el Mundo millones de obreros sin trabajo, y aun cuando existe crisis económica que dificulta la marcha de la caduca organización capitalista, no es aventurado afirmar que, dado el incesante progreso del maquinismo, todas las Empresas productoras ya establecidas en el Globo no absorberían ese vigor disponible. Al propio tiempo, otro hecho innegable se nos muestra: la existencia de tierras incultivadas o sometidas a labor deficiente; de bosques sin aprovechamiento racional, de minas sin laboreo, de fuentes de producción inexplotadas, en fin. Si además de utilizar la energía de los obreros sin trabajo se obligara a todos los hombres a que aportasen su esfuerzo personal a la obra común, podrían satisfacerse las máximas exigencias de la producción reduciendo considerablemente la jornada de trabajo y señalando un límite de años de prestación de servicios, tras del cual cada hombre podría descansar o dedicarse a lo que prefiriese; la sociedad se encargaría de asegurarle antes y después la subsistencia.

Ahora bien: la socialización del trabajo ha de realizarse conjuntamente con otras socializaciones, de las que es a un tiempo base y complemento por interdependencia recíproca rigurosamente lógica. En efecto, para el aprovechamiento en común es necesario disponer de un ejército de trabajadores, y para sustentar a éste es imprescindible una reserva de productos socializados y un sistema de producción fácilmente socializable.

Siendo España un país eminentemente agrícola y existiendo (como con irrebatible documentación ha demostrado en estas mismas columnas Cristóbal de Castro, persona poco sospechosa de extremismo) una absurda distribución de tierras, puede, de manera inmediata, constituirse un patrimonio común adoptando estas medidas que transcribimos de los Proyectos de socialización económica presentados a las Cortes Constituyentes por el partido republicano presidencial comunista en 23 de Julio último (1):

«Primera. Constituir patrimonios agrarios comunes con los terrenos laborables expresados a continuación, sin perjuicio de los demás que las leyes añadan:

A) Los disponibles inmediatamente con tal objeto, merced al actual ordenamiento jurídico: 1.º, los que ya son de dominio público, los de aprovechamiento comunal y los patrimoniales de la nación, las provincias y los municipios; 2.º, los que pertenecían al Real Patrimonio; 3.º, los que se adjudiquen a las Haciendas públicas (nacional o locales) por débitos a las mismas; y 4.º, los que éstas obtengan por los medios de adquirir hoy establecidos.

B) Los que aquéllas adquieran en virtud de las reformas que siguen: 1.ª, concesión del retracto a la Administración pública, con preferencia a los comuneros y colindantes, en toda enajenación de fincas rústicas; 2.ª, supresión de las accesiones a que se refieren los artículos 372 y 373 del Código Civil (cambio natural de cauce de ríos y formación de islas en éstos); 3.ª, abolición de herencias testada e intestada fuera de la línea directa, ascendente y descendente; 4.ª, confiscación de los bienes de las órdenes religiosas; 5.ª, expropiación de las haciendas rústicas en cuanto excedan del máximum de propiedad privada que permita la ley que al efecto se dicte; y 6.ª, incautación definitiva por las Administraciones públicas de los terrenos no empleados en trabajos agrícolas o industriales durante dos años consecutivos, cualquiera que sea su extensión y aunque pertenezcan a particulares.

La ejecución de estas medidas no será muy difícil, porque contará con el apoyo de la mayoría del pueblo.

Segunda. Unir y preparar los campos en forma que permita cultivarlos extensivamente; y si para ello estorban los terrenos intermedios, procurar adquirirlos, aunque sea por expropiación forzosa.

Tercera. Encomendar la administración de dichos patrimonios a órganos oficiales de la nación o de sus esferas locales, atendiendo a la situación geográfica de los inmuebles y a otros motivos de necesidad o conveniencia pública; y

Cuarta. Encargar a los funcionarios técnicos de aquellas entidades las mayores extensión e intensificación de la enseñanza agrícola, que formen los planes de cultivo y dirijan éste, quedando para otros empleados las demás tareas administrativas».

La procedencia de algunas de las medidas anteriores será, naturalmente, combatida por aquellos a quienes perjudiquen; pero creemos que nadie podrá defender la continuación de enormidades tales como la denunciada por el Sr. De Castro. No es tolerable que un propietario sea dueño de 41.000 hectáreas de tierra, en gran parte dedicada a cotos de caza, mientras hay millares de familias hambrientas.

Análogamente puede procederse con los montes susceptibles de aprovechamiento y con las minas, siendo en éstas más sencilla la socialización, puesto que se explotan mediante concesiones, sin que, según nuestra legislación, dejen de ser de dominio público.

Paulatinamente irán siendo socializadas otras industrias. De esta cuestión nos ocuparemos más adelante con la extensión que merece.

En el próximo artículo indicaremos la forma en que puede comenzarse la utilización de trabajho socializado, principio del camino que conduce a la implantación de su obligatoriedad.

LUIS HERNÁNDEZ ALFONSO

———

[1] Véase nuestro artículo inserto en LA LIBERTAD con fecha 25 [de septiembre], etcétera.

~ por rennichi59 en Domingo 17 abril 2011.

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