El Estado nacional y los Estatutos regionales (II)

Artículo publicado por Luis Hernández Alfonso el 4 de junio de 1932 en la sección «Comentarios» del diario madrileño «La Libertad». Texto y titular proceden de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

En nuestro artículo anterior decíamos que, lejos de asustarnos las autonomías —encaminadas a dar categoría y permanencia jurídica a la variedad dentro de la unidad nacional—, las defendíamos, sin limitarnos a la esfera administrativa, sino incluyendo la política. Tal vez esa afirmación nuestra pueda hacer creer que existe en la solución que propugnamos una manifiesta contradicción. Nada más lejos de la realidad, como pronto veremos.

En primer término debemos advertir que, a nuestro juicio, es arbitraria casi siempre la separación que suele establecerse entre lo político y lo administrativo, y más aún la atribución de funciones, privativamente, a los diversos órganos creados para regir los países. En efecto: las Corporaciones municipales y provinciales, elegidas de manera análoga a la empleada para formar los Parlamentos, tienen actividades idénticas a las de éstos: aprueban sus presupuestos, acuerdan la construcción de caminos y otras obras públicas, fijan arbitrios, etcétera, difiriendo en que es menor el territorio de su jurisdicción. Municipios, Diputaciones y Parlamento realizan labor administrativa y política, sin que pueda tampoco afirmarse que su actividad sea meramente legislativa, dado que es también, no pocas veces, ejecutiva y judicial: los Municipios, por elemplo, aplican sus ordenanzas, en las que hay sanciones para las faltas determinadas en el libro tercero del Código penal.

No cabe, pues, hablar de separación absoluta entre lo político y lo administrativo, ni tampoco entre los que llamamos «poderes del Estado», sino entre las «atribuciones» de los diversos órganos, mediante los cuales la colectividad rige su vida. En consecuencia, la autonomía ha de establecerse de manera que la variedad, siempre sin quebranto de la unidad, esté garantizada en todos sus aspectos.

Decíamos igualmente en aquel artículo que las leyes naturales han presidido la evolución de los pueblos de manera constante, indefectible. Basamos nuestro criterio en la doctrina creada y defendida por D. Luis Hernández Rico (padre de quien estas líneas escribe) y denominada «belicista» por su autor. Por lo que afecta al asunto en que nos ocupamos, bastará, como exposición somera, trasladar aquí los siguientes conceptos fundamentales, ya recordados en los números de «El Presidencialista» de Abril y Mayo de 1929 por el joven y culto abogado D. Luis Muñoz García.

El Estado es la sociedad organizada por y para el Derecho. Se constituye ordenando y para ordenar con coacción eficaz todas las relaciones humanas. Esta ordenación jurídica viene siendo impuesta por los fuertes, que son los que dominan, los gobernantes. Los débiles, los dominados, los gobernados, luchan para no dejarse avasallar por aquéllos, sucumbiendo si no son idóneos; pero si tienen aptitud, la misma lucha, con la actividad que supone, aumenta constantemente su idoneidad, nivelándolos con los fuertes, cuyo poder tiene un límite, como todo lo humano.

Pues bien: cuando en virtud de ese belismo constante se equilibran las energías de unos y otros, surge la verdadera democracia, y como consecuencia de ésta, ya no son los fuertes quienes por sí solos establecen el ordenamiento jurídico, sino que intervienen en mayor o menor medida, según el grado de equilibrio, los débiles. Esta lucha continua y este equilibrio creciente son tan antiguos como el hombre.

Como resultado de la pugna de los distintos elementos y factores sociales se han ido concretando las diversas manifestaciones históricas del Estado, el cual se hizo político (de «polis», ciudad) cuando adoptó como base de su formación la convivencia permanente dentro de los límites geográficos más o menos amplios. En el Estado político —y esto nos interesa principalmente consignarlo— a las demás clases de lucha humana se añade la que se entabla entre los diferentes núcleos territoriales de población.

Pero en este incesante batallar, el derecho se va aplicando cada vez más por igual en todo el territorio del Estado y a todos los miembros del mismo, aunque al principio fuera frecuente que dominase una ciudad a todo un Imperio (Atenas, Esparta, Roma…) y sea el nombre de aquélla el que califique la plenitud de derechos: «ciudadanía». Es decir, que también aquí el belismo conduce a la nivelación.

Determinándose las manifestaciones históricas del Estado político por las leyes de lucha y equilibrio en su evolución progresiva (desde la ciudad al Estado nacional), se puede apreciar una «unidad externa», que está constituida por el territorio en que el Estado ejerce el poder de dominación y una «unidad interna» que se forma más lentamente que la anterior y que está representada por la creciente participación de los diversos y heterogéneos elementos del Estado en el ejercicio del Poder, y, por lo tanto, en el establecimiento de un ordenamiento jurídico.

Unos de esos elementos son los núcleos locales de población a que antes aludíamos, que cuando llegaran en su belismo y participación creciente a un equilibrio perfectamente estable, harían efectiva la «democratización territorial» del Estado. En dicho proceso nivelador, las concreciones reales de aquél han llegado al que llamamos «Estado nacional», con su unidad externa, formal y homogénea, y su unidad de fondo, interna y heterogénea, constituida por los diversos elementos locales que, dada su complejidad, tienen variedad de intereses, y, por lo tanto, de sistemas de relaciones humanas.

Ello exige lógicamente variedad de ordenamientos jurídicos, que puede y debe establecerse sobre las siguientes bases.

Primera. Autonomía de todos y cada uno de los núcleos locales en lo que les es peculiar.

Segunda. Coordinación y subordinación con respecto a intereses comunes, aplicando aquélla cuando se trate de núcleos de igual grado, y ésta cuando se trate de inferiores con respecto a superiores.

Para ello hay que adoptar la organización y el funcionamiento estatales adecuados. En el próximo artículo, último de esta serie, concretaremos más.

Según la doctrina expuesta, el Estado político, hoy nacional, desde su grado supremo de soberanía, reconoce o establece las esferas locales internas que existen o deben existir (municipios, provincias, regiones…), atendiendo a condiciones geográficas, antecedentes históricos, circunstancias sociales, etc., y organiza los poderes en ellas. Ahora bien: es lógico que el Estado, en todas y cada una de esas esferas, manifieste su naturaleza íntegramente, con las tres funciones (legislativa, ejecutiva y judicial) autónomas en lo que sea peculiar de aquéllas y debidamente jerarquizadas en cuanto a las relaciones de coordinación y subordinación antes aludidas.

No se trata, pues, de una simple descentralización administrativa.

Así, de acuerdo con la evolución natural y progresiva de los Estados, y sin pretender, por consiguiente, retrocesos imposibles en su marcha, se obtienen las ventajas del unitarismo y del federalismo (respecto a la unidad de la nación y a las autonomías locales, respectivamente), evitando el peligro de la disgregación nacional y los inconvenientes de la centralización.

Réstanos sólo demostrar que la fórmula es perfectamente aplicable a nuestro país.

LUIS HERNÁNDEZ ALFONSO

El Estado nacional y los Estatutos regionales (III)

~ por rennichi59 en Domingo 15 mayo 2011.

 
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