Juventud (25)

Artículo publicado por Luis Hernández Alfonso el 28 de abril de 1935 en la sección «Juventud» de la revista «Crónica». Texto y titular proceden de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

Desigualdad injusta.

El viejo sistema de retribuir las funciones de acuerdo con el tiempo de preparación para su ejercicio ha sido abandonado en casi todos sitios. Se le sustituyó primero por el de recompensar esfuerzos o capacidades, y después, por el de atender a la satisfacción de las necesidades del funcionario.

Si lo que interesa concretamente en la enseñanza es la aptitud pedagógica, la eficiencia didáctica de los profesores, demostradas éstas, ¿por qué no establecer uniformidad en las retribuciones otorgadas? ¿Qué fundamento puede darse a la desigualdad existente entre los sueldos de dos catedráticos si ambos tienen cada uno en su especial misión la misma capacidad para enseñar su respectiva disciplina?

Decimos esto por lo que ocurre, por ejemplo, con los catedráticos de Dibujo de los Institutos Nacionales. Se les exige el título de profesor, obtenido tras de cursar diversas asignaturas, que requieren estudio durante varios años; se les somete a duros ejercicios de oposición, en los que acreditan no sólo sus conocimientos y habilidades artísticas, sino también sus aptitudes pedagógicas. Si el grado máximo oficialmente establecido para tales menesteres es el de profesor de Dibujo; si, en consecuencia, los opositores presentan el título acreditativo de esa capacidad, y cuando obtienen cátedra han demostrado plena aptitud para el desempeño del cargo (lo mismo que un doctor o licenciado en Ciencias o Letras para explicar Física o Gramática, respectivamente), ¿cómo justificar que a estos últimos se les conceda mayor sueldo que a los profesores titulados de Dibujo? ¿Es que esta asignatura tiene menor categoría que los demás? ¿No se considera —muy razonablemente— indispensable, tanto como base de ulteriores estudios como formando parte de la cultura general media?

Inercia.

A pesar de todo eso, no obstante las reclamaciones formuladas por los perjudicados, a despecho de las campañas emprendidas, nada se ha hecho por subsanar la injusticia. Es verdaderamente curioso el respeto a una ley, anacrónica y no equitativa, en un país donde se derogan, anulan o desconocen tantas disposiciones legislativas convenientes y aun necesarias. Curioso y nefasto, en efecto, que se mantenga lo ya inservible y se destruya, en pleno caos administrativo, cada día (ahora y siempre) lo que se construyó el anterior.

Deróguense en buena hora —y nadie podrá considerarse perjudicado por ello— las normas que, por no responder ya a las circunstancias actuales, se han convertido en lesivas de legítimos intereses ciudadanos. Nadie puede dignamente oponerse a la reparación de una injusticia, máxime cuando para realizar esa obra de equidad no ha de causarse perjuicio a nadie. Estamos seguros de que ni un solo doctor o licenciado se considerará lesionado en sus derechos porque un profesor titulado de Dibujo disfrute el mismo sueldo que él. Lo contrario supondría injuriar gravemente al profesorado español, tan capacitado, tan generoso, tan digno y tan amante de la justicia.

Ruego.

Desempeña la cartera de Instrucción Pública un hombre joven, inteligente, culto y, además, profesor universitario (1). Viene, se nos dijo, animado de los más elevados propósitos y dispuesto a realizar labor fructífera y duradera. Así lo creemos y esperamos.

Y con tales creencia y esperanza le indicamos un caso en que demostrar su espíritu equitativo, su ansia de enderezar entuertos y subsanar errores.

Luis HERNÁNDEZ ALFONSO

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Otro ruego al ministro.

Por entender que es de justicia y porque seguramente existen otros análogos, se expone a la consideración del excelentísimo señor ministro de Instrucción Pública el caso de la maestra señorita Mariana Madrid Navarro, de Villacarrillo (provincia de Jaén), quien en las oposiciones celebradas en Granada en el año 1925 aprobó los tres ejercicios de que constaba el examen, con puntuación máxima para conseguir la plaza de maestra en propiedad, sin que hasta ahora, y a pesar del tiempo transcrurrido, haya conseguido escuela, manifestándosele que para tal derecho debe sufrir nuevo examen. Acredita a los efectos precisos el certificado de dicha aprobación, expedido por el Ministerio de Instrucción Pública.

L. H. A.

[1] Ocupaba este cargo en el quinto gobierno presidido por Lerroux desde el 3 de abril de 1935 el jurista ovetense independiente Ramón Prieto Bances (1889-1972), que permanecería en él poco más de un mes, al ser sustituido en dicha cartera por el liberal demócrata Joaquín Dualde Gómez (1875-1963) en el sexto gobierno Lerroux, que tomó posesión el 6 de mayo del mismo año. [Nota de Pablo Herrero Hernández]

~ por rennichi59 en Miércoles 17 agosto 2011.

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