Juventud (26)

Artículo publicado por Luis Hernández Alfonso el 12 de mayo de 1935 en la sección «Juventud» de la revista «Crónica». Texto y titular proceden de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

Carrera de obstáculos.

Siguen entorpeciéndose los caminos universitarios. Ya tenemos establecidos, con carácter general, los exámenes de ingreso. Creemos errónea esa orientación e insistimos en que no hay que poner trabas al desarrollo de los estudios facultativos, sino favorecerlos, siempre, claro está, sin merma de su eficacia y con las máximas garantías en la consecución de títulos.

Se nos argumentará que mediante esos exámenes se efectúa una selección para que sólo los aptos emprendan estudios superiores. Veamos la solidez de tal argumento y, muy especialmente, si la lógica lo ampara. Las pruebas consistirán en «un dictado, una redacción en castellano, resolución de un problema aritmético elemental y traducción del francés, con Diccionario. La parte oral constará de preguntas sobre Historia, Geografía, Literatura, Ciencias físicas y Ciencias naturales». Es decir, materias todas cuya posesión ha sido oficialmente reconocida desde el momento en que se otorgó el título de bachiller.

De donde resulta que si un examinando de ingreso en Universidad es reprobado en este ejercicio se anula por el mismo Estado la certificación de suficiencia que concedió con anterioridad. ¿Dónde está la lógica de esta medida? ¿Puede una autoridad académica proceder en tan arbitrario modo que niegue hoy lo que afirmara ayer? Si el alumno desconoce una asignatura, no debió aprobársele en ella; y si se le aprobó, no puede reprobársele días o meses después.

De prosperar ese absurdo, cabría anular títulos en cualquier momento, y las pruebas perderían toda su eficacia. Eso no es serio ni racional. Las asignaturas ya aprobadas, aprobadas están y no puede el Estado declarar así que es incapaz de realizar una labor cultural eficiente.

Humorismo.

Un profesor nos ha explicado este misterio de modo tan peregrino, que forzosamente hemos de atribuir el razonamiento a un alarde de humorismo. «Es que —nos dice— puede un alumno haber aprobado una asignatura por casualidad». Difícil es que «por casualidad» se aprueben las asignaturas que forman un plan de estudios de siete años. Pero entonces, si eso es posible, ¿qué enseñanza tiene organizada el Estado si cabe la posibilidad de que se aprueben casualmente las asignaturas? Aparte de que, con igual razón, se pueden aprobar «por casualidad» los exámenes de ingreso. ¡La obtención de grados y títulos convertida en un juego de azar, en una lotería!

Decididamente, nuestro amigo es un humorista.

No; esos argumentos no resisten a la menor crítica. Si se considera necesario oponer obstáculos —por la tan cacareada «superproducción» de licenciados y doctores—, dígase en buena hora y establézcase, si alguien se atreve, un sorteo de plazas entre los aspirantes. Hágase como en esas lamentables oposiciones en las que, con objeto de poder eliminar el exceso de candidatos, se llega a exigir ocho idiomas, cálculo infinitesimal y astronomía… para desempeñar un cargo de escribiente.

Si, por el contrario, se pretende que —como es natural— tengan preferencia en el acceso a las Universidades los alumnos de mayores aptitudes, establézcase una prueba que las evidencie: un examen psicotécnico, por ejemplo. Eso sería más lógico. Lo que no tiene sentido es examinar al aspirante de las materias que ya ha demostrado poseer, pues o las posee y resulta inútil la prueba, o las ignora… y resulta nula, inútil y vergonzosa la obra cultural del Estado, sus títulos, falsos, y su incapacidad pedagógica, indudable.

Detalles.

La misma desconfianza en su propia labor se refleja en todas las disposiciones emanadas del Ministerio de Instrucción Pública. ¿Por qué, si no, el examen de ingreso hecho en una Universidad no sirve para cursar estudios en otra? ¿No es esta medida una pública declaración de lenidades y favoritismos? ¿Es que se puede oficialmente reconocer que en unas Universidades se aprueba sin saber y en otras no se aprueba sabiendo? ¿No sería más digno conseguir que en todas se procediera con justicia y se exigiera la demostración de la suma necesaria de conocimientos?

Dejemos para otra ocasión el aspecto económico de las disposiciones. En España seguimos aferrados a la equivocación en este punto. La enseñanza superior es algo así como un deporte caro; no es un servicio público de primera necesidad. Todo se arregla con pagos y más pagos de derechos; se paga contribución por saber y por ignorar, por ser inteligente y por ser obtuso. El 80 por 100 del importe de la matrícula será para los examinadores. Estamos muy lejos de suponer capaces a los profesores de cometer la menor falta de rectitud; pero como los derechos sólo valen para una vez, cuantos más reprobados haya, mayor será la retribución en su conjunto. También es eso notable y digno de ser meditado.

Luis HERNÁNDEZ ALFONSO

~ por rennichi59 en Jueves 18 agosto 2011.

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