Algo más sobre responsabilidad del Jefe del Estado (I)

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Supuestos de ésta en las legislaciones positivas

Sin perjuicio de tratar esta interesantísima cuestión doctrinalmente, me limitaré por ahora a estudiarla en las legislaciones positivas más importantes. Además he de referirme únicamente en este artículo a los supuestos de responsabilidad en los diversos regímenes republicanos (presidencialista y parlamentarista), dejando a un lado el estudio de la materia en las monarquías, en cuyas constituciones impera, como es sabido, el sistema de la inviolabilidad, incluso en lo penal común de los reyes.

Bien conocidos son de todos los artículos 48 y 49 de nuestra semi-vigente Constitución que responden fielmente a la añeja frase inglesa: «el Rey no puede hacer mal».

Lo que ocurre en España tiene lugar en todas las monarquías; sirvan de ejemplo el artículo 4.º del Estatuto italiano que dice: «La persona del Rey es inviolable». En términos análogos se expresan los artículos 63 de la Constitución belga, 54 de la holandesa, 12 de la dinamarquesa, 3 de la sueca, así como los artículos 5, 55 y 3 de las Constituciones de Noruega, Yugoeslavia y Japón.

Por otra parte, creo imprescindible establecer una radical separación entre el régimen republicano parlamentario (casi tan absurdo como el monárquico) y el también republicano, pero presidencial. Esta separación es tanto más necesaria cuanto que en el régimen republicano parlamentario la responsabilidad del más alto Magistrado es nula o casi nula. En efecto, el artículo 6 de la Constitución francesa, cuando dice: «El Presidente de la República sólo es responsable en el caso de alta traición», comprueba de manera plena mi aserto.

Aunque se atienda a la interpretación que de este artículo hace Laborde (en mi concepto demasiado amplia) y consideremos, por tanto, que sólo hace referencia a la responsabilidad política, me parece en extremo vago e inexpresivo el término alta traición, ya que el Jefe del Estado puede realizar actos que sin constituir alta traición deban ser políticamente punibles.

Esto es imposible que ocurra en el régimen presidencial que nosotros defendemos, pues basta recordar el artículo de fondo publicado en el número primero de EL PRESIDENCIALISTA con el título ¿Nuestro programa?, para convencerse de ello. Decía, entre otras cosas: «Una república cuyo presidente, elegido por el pueblo y no por las Cámaras legislativas gobierne directa y personalmente auxiliado por sus ministros o secretarios de despacho sin las trabas que impone el Parlamentarismo, pero sujetándose estrictamente a la Constitución y a las demás leyes del país, respondiendo de todos sus actos como gobernante». Es decir, que en nuestra Constitución no habría un artículo 6, como en la francesa, ineficaz y ambiguo, sino otro amplísimo, que comprendiera desde la alta traición al hecho considerado punible por el prudente arbitrio judicial, pues ya desde hace mucho tiempo y debido a las nuevas corrientes penales, el axioma del marqués de Beccaria nullum crimen, nulla pœna sine lege ha sido desechado, aunque lo defendió inconsecuentemente en pleno Congreso de los Diputados, nuestro ínclito liberal D. Melquiades Álvarez.

Luis Muñoz García

El Escorial, agosto de 1928

«El Presidencialista», n.º 8 (agosto de 1928)

~ por rennichi59 en Sábado 31 agosto 2013.

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